Después de muchos meses de silencio oficial sobre el tema, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, volvió a referirse ayer en público a la demorada reforma de la ley de riesgos del trabajo, que quedó fuertemente cuestionada por la Justicia hace ya más de 7 años, con fallos que declararon la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos.
Aunque no hubo muchas precisiones sobre el contenido del texto, el jefe de la cartera laboral se refirió al “próximo envío de la nueva ley de riesgos del trabajo al Parlamento, para su debate y aprobación”. Recordó también que durante muchos años se había buscado un consenso entre dirigentes sindicales y del sector empresarial, un objetivo que no fue logrado. “Esto ha sido muy difícil por distintas razones, pero ha llegado el momento”, dijo ayer Tomada.
El ministro habló en Mendoza, durante la apertura de la 9a. Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que tiene previstas actividades tanto en esa ciudad como en Buenos Aires y Córdoba.
En rigor, la posibilidad de un pronto envío del proyecto de ley ya circulaba como versión en los últimos días en diferentes ámbitos empresarios, como también la idea de que, a diferencia de aquellos intentos de encontrar un acuerdo, esta vez no habría rondas de consultas o que, al menos, el grupo participante de las consultas sería muy reducido.
Una de las versiones indicaba que el Día del Trabajador, es decir, el próximo martes, la presidenta Cristina Kirchner podría hacer un anuncio vinculado con el tema. Pero ninguna fuente oficial lo confirmó.
La necesidad de la reforma legal está planteada ya desde 2004. En septiembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo declarando inconstitucional el artículo 39 de la ley vigente desde 1996, que buscaba impedir que un trabajador cubierto por una ART demande por la vía civil a su empleador para intentar un mayor resarcimiento por los daños.
Ese punto se convirtió en el más conflictivo y es el que siempre estuvo lejos del consenso. Para los representantes de la CGT, la ley debería permitir que un empleado afectado por una enfermedad o accidente laboral reciba la prestación dineraria de la CGT y que, al mismo tiempo, pueda demandar a su empresa. Para las entidades empresarias, debería disponerse que el trabajador quede obligado a hacer una opción entre una y otra forma de compensación.
La iniciativa que prepara Tomada podría intentar un punto intermedio entre ambas posiciones. Lo cierto es que la situación actual, de indefinición respecto de la ley, dejó al régimen en una posición vulnerable y se generó un fuerte incremento de la judicialidad.
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