La Superintendencia de Riesgos del Trabajo reflejó en un informe elaborado este año que Santa Fe y Córdoba son las provincias en las que más creció la litigiosidad laboral en el país, dentro del universo de trabajadores cubiertos por el sistema de Aseguradoras del Riesgos del Trabajo.
En el mes de octubre de 2016, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo puso en funcionamiento el Registro Nacional de Litigiosidad (Renali), que había sido establecido por la Resolución SRT 198/2016. La creación del Renali hace posible la recopilación de datos para el monitoreo de distintos aspectos de la judicialidad, algunos de los cuales no eran de notificación obligatoria por parte de las ART hasta fines de 2015.
El nuevo registro permite contar con información para la mejora de la gestión y la implementación de políticas tendientes a la reducción de la litigiosidad en el ámbito de la siniestralidad laboral. No obstante este cambio, el Registro de Actuaciones Judiciales (RAJ) -implementado entre 2010 y 2015 a partir de la Instrucción SRT 4/2010- brinda información relevante y consistente que permite dar cuenta de la evolución de la judicialización en materia de riesgos del trabajo a lo largo del último lustro.
A lo largo de los cinco años que abarca el estudio, Santa Fe y Córdoba presentaron los niveles más altos de juicios cada mil trabajadores cubiertos. En el primer caso, se pasó de 17,6 a 24 y en Córdoba de 22,4 a 18,6. Por el contrario, los índices más bajos se registraron en La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca, Salta y Santa Cruz, no superando nunca un juicio cada mil cubiertos.
En tanto, se advierte que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el distrito con el mayor incremento en la tasa de juicios por cubiertos. Mientras que en 2010, en los juzgados de dicha ciudad se tramitaban alrededor de 8 juicios cada mil trabajadores cubiertos, en 2015 la tasa ascendía a 20,3 por mil.
Cabe destacar que en noviembre de 2014 el Sistema de Riesgos del Trabajo incorporó un nuevo colectivo de trabajadores, aquellos que se desempeñan como empleados de casas particulares (Ley 26.844, Resolución SRT 2224/14). Esto implicó que en 2015 se sumaran 490.991 trabajadores que antes no tenían cobertura.
A los efectos de mantener la comparabilidad con las series estadísticas anteriores, en las partes del documento en que se crea conveniente, los valores correspondientes al año 2015 se desagregan entre aquellos que corresponden a los juicios y siniestros asociados a los trabajadores que desempeñan sus tareas en unidades productivas, y aquellos otros que lo hacen en casas particulares.
Cuando esa diferenciación no sea relevante, producto de que la agregación no altera ninguna tendencia ni reduce la comparabilidad de la serie 2010-2015, los valores del último año se presentan de manera conjunta para ambos colectivos.
A menos accidentes, más juicios
El portal Chequeado.com calificó como “verdadera” la afirmación del ministro de Trabajo, Jorge Triacca, quien había advertido que “ha habido un incremento casi exponencial de la cantidad de litigios pero no ha aumentado la cantidad de accidentes”.
El informe de Lucía Martínez, basado en estadísticas oficiales, confirma que la cantidad de juicios creció 96% en los cinco años analizados por el informa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Eso, mientras los siniestros registrados subieron un 7,5% en el mismo período, a nivel nacional.
Triaca había advertido que esta situación “estaba generando esta famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores”. En los hechos, la CGT no se opuso a la búsqueda de un nuevo escenario legal, aún cuando existen reparos sobre su constitucionalidad que deberán dilucidarse sobre casos concretos una vez que se presenten.
Según pasan los años
Las crónicas de aquellos días revelan que el por entonces presidente del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, sumó sus votos a los del macrismo y tuvo respaldo de la UIA y los banqueros.
En la plaza del Congreso, quedaron quejándose “juntos” al camionero Hugo Moyano y a Pablo Micheli (CTA). Se diferenciaron de Rodolfo Daer (Alimentación) que 12 años antes había consentido la “ley Banelco” (la de los votos comprados en el Senado) aunque hoy están todos juntos reclamando al gobierno de Macri. Aunque no expliciten su contrariedad a la nueva ley de ART.
Entre la viabilidad económica y el crédito político quedará la sustentabilidad jurídica. Aquella ley de Cristina quedó en el fracaso porque en su vigencia quedó habilitada la doble vía por la cual la pretensión empresaria de bajar costos con la cobertura del seguro, no les redujo los niveles de litigiosidad laboral.
Fuente: ellitoral.com
