Próximamente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo va a intimar a unos 263.253 empleadores a que paguen una deuda acumulada con el sistema por $ 430 millones. Y otro grupo de empresas, algunas de ellas multinacionales, van a ser multadas porque se registraron últimamente accidentes graves o mortales por negligencia o incumplimientos graves de las normas de seguridad laboral.
Los datos lo reveló a Clarín el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola. “Del cruce de los datos de la AFIP surge que hay 263.253 empresas que declararon haber empleado a trabajadores en relación de dependencia, aportaron al sistema previsional, pero contrataron parcialmente o con demora una ART o no lo hicieron. Por los períodos en que no tuvieron el seguro, esos empleadores contrajeron una deuda con la Superintendencia que nosotros vamos a cobrar”, aseguró el funcionario, quien asumió la titularidad del organismo tres semanas atrás.
El ex superintendente de Riesgos de Trabajo de la Nación Héctor Verón, firmó el informe enviado al rector Oscar Spada. Fue girado el 16 de enero, pero fue recibido en la Universidad recién el 6 de febrero. Destacan la falta de controles en el manejo de productos químicos y fallas en sistemas eléctricos.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo calificó de “severos incumplimientos a las normas de higiene y seguridad” la situación relevada en las distintas dependencias de la Universidad Nacional de Río Cuarto durante las inspecciones realizadas en las últimas dos semanas del año pasado.
En el informe final enviado al rector Oscar Spada, y firmado por el entonces superintendente Héctor Verón, se detallan los datos de todas las actas en un compendio de 35 páginas. Allí se reclama que, en un plazo no mayor de 15 días se presenten las medidas correctivas y preventivas para dar respuesta a las numerosas fallas detectadas en el área central, las cinco facultades, las baterías de aulas, los laboratorios y los centros de estudiantes.
En el recorrido de observaciones realizadas, se hizo hincapié en la falta de control sobre los productos químicos, al establecer que hay “falta de inventario de la totalidad de las sustancias químicas utilizadas en los distintos sectores tales como imprenta, laboratorio ensayo de materiales de la Facultad de Ingeniería, laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas, entre otros”.
Fuente: Diario Puntal
El gobierno de Hermes Binner reaccionó ante la explosión ocurrida en la planta de Acindar, en Villa Constitución, que dejó ocho heridos, dos de ellos de gravedad. Tras acusar a la empresa por su “falta de prevención” y cuestionar sus “condiciones éticas”, la viceministra de Trabajo Alicia Ciciliani confirmó el envío a la Legislatura de un proyecto tendiente a crear comités mixtos paritarios para el tratamiento de temas de higiene y salud laboral. La iniciativa, que será incluida en el temario de las sesiones extraordinarias, permitirá a los trabajadores suspender la producción de una firma en caso de detectar falencias, dando paso de inmediato a la inspección correspondiente de la cartera laboral. De inmediato, la UOM avaló el proyecto del gobierno.
“Los comités funcionarán en las empresas que tengan 50 empleados o más y las resoluciones serán tomadas por consenso, con una representación igualitaria de las partes: la empresa y los trabajadores”, explicó la funcionaria. Para las empresas más pequeñas o con menos empleados, se creará la figura de un “delegado de Prevención, que sería un obrero capacitado para ver estos tipos de riesgos laborales. Esto ayudaría a defender la seguridad de los trabajadores y a aumentar la productividad de la empresa”, comentó Ciciliani.
El ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, cuestionó duramente a Acindar. Destacó que si hubo un accidente “fue por falta de prevención. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, Victorio Paulón apoyó el proyecto de Binner.