Al respecto, la jefa del bloque Frente Pro, Laura Rodríguez Machado, defendió la iniciativa, cuyo texto original recibió una serie de modificaciones a propuestas del sindicalismo y de abogados laboralistas, al señalar que la norma apunta a “reducir la litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo” con la idea de lograr “previsibilidad, costos laborales razonables y una reducción de la incertidumbre en la creación de nuevos puestos de trabajo”.
Mientras, el peronista chubutense Mario Pais respaldó la propuesta al indicar: “Debemos trabajar todos por la prevención. Cuando ya ocurre un accidente el Estado debe tutelar activamente”.
La normativa que impulsaba la decisión de dejar en manos de las llamadas “comisiones médicas” la resolución de un determinado, incorporó una cláusula por las cual las obliga a expedir un veredicto en un plazo de tres meses, aunque el trabajador conserva la posibilidad de acudir a la justicia en caso de no estar conforme con la resolución.
En tanto, el gobierno se comprometió, a pedido de la CGT, a reactivar el Consejo Tripartito Consultivo, que no se reúne desde hace más de cuatro años, el cual deberá elaborar un nuevo régimen de riesgo de trabajo. El referido consejo se integra con funcionarios nacionales, representantes de los trabajadores y de las aseguradoras.
Fuente: elintransigente.com
