22 de enero de 2019

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Reforma de la ley de riesgos de trabajo: logros y temas pendientes

Con la perspectiva que nos dan ya los 12 meses de la sanción de la Nueva Ley de Riesgos de Trabajo, en la que el Estado, las empresas y los gremios generaron una herramienta para acotar la enorme judicialidad que asolaba al Sistema, se puede afirmar que fueron muchos los logros, pero que queda una importante asignatura pendiente.

Los logros, sin duda conseguir que en 2017 no se generaran más juicios que en 2016. La litigiosidad venía creciendo en los años previos al 20% o más. En 2017 sólo aumentó el 2%, casi un empate técnico con el precedente. Pero además, lo importante es que en el último semestre el ingreso de nuevos juicios fue inferior a igual período de 2016, lo que indica haber alcanzado el punto de inflexión de la problemática. La jurisprudencia a nivel dela Corte Suprema, como de algunas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), también constituyeron buenas noticias en vistas a ordenar la pluralidad de criterios en el ámbito de la Justicia Laboral.

Los pendientes sin embargo, aún queda por resolver la enorme disparidad pericial en el ámbito judicial. Al respecto, desde Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) y en colaboración de las compañías asociadas, realizamos un estudio sobre el stock de juicios pendientes, nada menos que 340.000. Se analizaron 83.500 juicios que tenían Pericia Médica Oficial. Las comparamos con lo que les hubiera correspondido a cada una de ellas si los peritos hubieran respetado los lineamientos del Baremo (Tabla de Medición de Incapacidades) incluido en la Ley, como referencia unívoca para determinar porcentajes de incapacidad.

Es el parámetro con que trabajan los servicios médicos de las ART y las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Asimismo, es la tabla que se toma en cuenta al establecer los costos de las coberturas, por ser el instrumento objetivo que por acuerdo de las partes integra la Nueva Ley de ART y que resulta de obligatoria aplicación en aquellas provincias adherentes a la Ley 27.348. Pues bien, las 83.500 causas evidenciaron una asignación adicional promedio de 17,5 puntos de incapacidad, respecto de lo determinado en la instancia administrativa.

Cada punto de incapacidad hoy tiene un valor promedio de $22.750. A lo cual se suma el 35% de costas judiciales. Si ese modus operandi, observado en las 83.500 causas ya peritadas, se extendiera al resto de las 257.000 y se transformaran en sentencia, el valor de ese stock judicial se multiplicaría por 7, escalando a US$10.600 millones. Todavía estamos a tiempo de colocar en su justo cauce el desorden pericial en el ámbito judicial. La nueva Ley de ART hizo previsiones específicas para ello.

La solución Cumplir con lo previsto en la Ley 27.348, esto es que la Justicia ponga en marcha en cada una de las jurisdicciones que se hayan adherido al nuevo sistema los Cuerpos Médicos Periciales, en los términos de la Ley. De esta manera, se logrará el desacople de los honorarios de los peritos del resultado del juicio y que de ahora en más cobren por el trabajo realizado.

El mecanismo vigente previo a la reforma, constituye un claro incentivo a aumentar las incapacidades peritadas. A mayor porcentaje de daño fijado, mayores honorarios. Adicionalmente a ello, en muchas jurisdicciones (CABA y Provincia de Buenos Aires, entre otras) no están permitidos los consultores técnicos de parte.

Hoy no existe control o auditoría sobre las Pericias Médicas Oficiales. La formalización de estos cuerpos como exige la Ley, no solo acabaría con la manifiesta discrecionalidad imperante, sino que además permitiría la existencia de instancias revisoras de dictámenes ya realizados. La demora en su constitución resulta sumamente cara, como lo evidencian los números expuestos, para la economía de nuestro país.

Los recursos del Sistema provienen de las alícuotas que se cobran a las empresas. No son infinitos. Y todos estamos comprometidos en la pelea que se está dando para achicar los costos laborales y contribuir a que las empresas puedan aumentar su productividad. A la vez, esos recursos deberían estar siendo aplicados a la verdadera razón de ser para la que son recaudados: prevención y atención de Riesgos del Trabajo y no a costos judiciales exacerbados.

El Sistema trabaja con lógica aseguradora, que es la que permite dar certidumbre para las empresas y tranquilidad para los trabajadores. Necesita costos ciertos para tarifar sus primas. La incertidumbre que genera esta dispersión pericial y su alejamiento del parámetro complica seriamente la operatoria y compromete el futuro de un sistema que hoy brinda cobertura a 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores.

Fuente: clarin.com

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