20 de julio de 2019

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Dos muertes por día: los accidentes laborales en aumento por la ley de ART

El 27 de octubre, dos obreros resultaron heridos de gravedad cuando una caldera explotó en el ingenio La Florida de la provincia de Tucumán. A diez días del accidente, José Eduardo González falleció, producto de la quemadura del 60% de su cuerpo.

El accidente había ocurrió en medio del cambio de turno de los empleados. “Los tubos de una pared de agua se quedaron sin líquido debido a un error humano de mal manejo, y se produjo la ruptura de los mismos“, explicó en su momento la empresa en un comunicado.

Ese día, junto a González, también resultó herido Julio Ricardo Saed Ahsmed, quien ahora se encuentra fuera de peligro.

Sin embargo, los datos no contemplan los casos de trabajadores informales o en negro, por lo que se estima que las cifras serían mucho más altas.

“La cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) creció un 2,1%, determinando un aumento del índice de incidencia de fallecidos del orden del 1,0% respecto del 2016 (42,7% de casos mortales en ocasión de trabajo cada millón de trabajadores cubiertos). La incidencia de la accidentabilidad in itinere disminuyó un 2,1% respecto al año anterior (14,2% de accidentes de trayecto cada mil trabajadores cubiertos)”, indica el informe.

La alternativa para los trabajadores

En 2012 el entonces diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Gennaro, presentó el proyecto de la Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral.

La iniciativa -que finalmente no logró sortear el lobby de las ART en el Congreso Nacional- buscaba erradicar el negocio que las empresas aseguradoras y el Estado hacen a costa de la vida los trabajadores, instrumentando un sistema solidario que contemplaba la generación de un Banco Nacional mantenido con el aporte destinado a las ART, que posibilitaría que cualquier trabajador de cualquier ámbito esté cubierto ante emergencias o enfermedades, y que se haría cargo de la reparación de los daños y perjuicios.

En enero de 2017, a tono con los reclamos empresarios, el gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto la vigente Ley de riesgos del trabajo.  Así, los trabajadores que sufran accidentes estarán obligados a pasar por una comisión médica -que suele fijar reparaciones insuficientes- antes de recurrir a la Justicia, trabando sus posibilidades de reclamo y defensa. El Gobierno utilizó un DNU pese a que había una ley debatiéndose en el Congreso. De esa manera la precarización implica menos costos empresarios, y más riesgos laborales.

Fuente: canalabierto.com.ar

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