20 de noviembre de 2018

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¿Riesgos de trabajo o falta de justicia?

A 20 años de la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Gustavo Morón y el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificaron en la Jornada conmemorativa la decisión de enviar un proyecto de ley para modificar el régimen de riesgos del trabajo con la intención de contener lo que ellos denominan el crecimiento de la “litigiosidad” que prevén que culminará este año con 120.000 juicios. Según las autoridades este número de demandas pone en jaque al sistema y eleva los costos laborales de las empleadoras, desalienta la creación de empleo e inversiones.

Propician la obligación de los trabajadores damnificados de recurrir obligatoriamente ante Comisiones Médicas (CCMM) y en apelación de sus resoluciones a la colapsada Justicia Federal de la Seguridad Social, que hoy se ocupa de los jubilados, en lugar del fuero laboral, como siempre ocurrió.

No tratan de solucionar el conflicto ni ahondar en las razones que lo fomentan, sino que propician la remisión a una jurisdicción hoy casi paralizada por más de 500 mil juicios de jubilados, que en el ámbito nacional cuenta con solo 8 Juzgados y 3 Salas de Cámara. Una situación que se agrava en el interior del país.

Por otra parte, hay que recordar que la Justicia Nacional del Trabajo, cuenta con 80 Juzgados y 10 Salas. Por eso, pasar de jurisdicción los juicios laborales es una simple y llana denegación de justicia, un verdadero cepo judicial.

La propuesta sustituye, sin mayor fundamento que el interés corporativo de las obligadas del sistema, la competencia natural de la Justicia del Trabajo contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Suprema que señaló que los conflictos derivados de la aplicación de la LRT son de derecho común, entre particulares: empleadores, trabajadores y ART, y declaró inconstitucional el procedimiento de la LRT, estableciendo el derecho de las víctimas de no tener que atravesar la vía de las CCMM y acceder libremente ante el Juez natural del trabajo.

Rige en nuestro país un sistema de seguro obligatorio, con compañías de seguro de objeto único: no es de seguridad social y, por eso, no se justifica la intervención del fuero de la Seguridad Social, ámbitos que fueron creados hace 25 años, para atender exclusivamente los juicios de los jubilados y pensionados. Este fuero es federal porque los jubilados litigan contra la ANSES, o sea el Estado Nacional, situación diferente al caso de los accidentes de trabajo donde se discuten cuestiones típicas de un contrato de trabajo y entre privados.

Para justificar esta iniciativa se acepta el escenario catástrofe creado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que está muy lejos de esa realidad, ya que según la información de la Superintendencia de Seguros de la Nación en el balance correspondiente al ejercicio del año 2015, las 14 principales ART han tenido una ganancia bruta de $3.047.429.816, esto es, US$335.250.804 al tipo de cambio del Banco Nación al 30 de junio de 2015.

Los empleadores con la sanción de la ley 26.773, en octubre de 2012, fueron netos ganadores, porque la opción civil con renuncia ha frenado la vía civil para el reclamo por accidentes laborales. Sin embargo ahora la Unión Industrial Argentina (UIA) se queja del alza de las alícuotas, cuando a enero de 2016 el valor promedio de la cuota por trabajador representa el exiguo 3,3% de la masa salarial, valor indicado en 1996, en los inicios del sistema.

De lo que se guarda sospechoso silencio es de la relación existente entre la “litigiosidad” con el nivel de siniestralidad. Sólo en el sector formal, la SRT verifica alrededor de 660.000 siniestros anuales.

A esos datos, hay que adicionarle un 35% de siniestros del sector informal, lo que ascendería aproximadamente a 900.000 infortunios anuales y al infrarregistro de enfermedades laborales ya que la SRT solo registra el 2% de estos eventos dañosos. Como se observa el nivel de juicios se corresponde con los altos niveles de siniestralidad y el derecho al acceso a la Justicia reconocido por la Corte Suprema.

La remisión de los litigios al fuero previsional sería un desacierto por la situación que transita dicha justicia saturada de causas previsionales, que aun con la propuesta de liquidar esas deudas por parte del gobierno nacional, no se va a descongestionar rápidamente, pues hay que homologar judicialmente los acuerdos de modo individual.

La propuesta oficial es una derivación incongruente y contradictoria con la doctrina de la Corte y con la naturaleza laboral y la materia no federal de los conflictos de accidentes del trabajo; destino perjudicial y desamparo alarmante de los trabajadores siniestrados sometidos a jueces no especializados en derecho del trabajo; todo lo cual redunda, en una negación del derecho de defensa en juicio.

Opinión. Horacio Schick abogado especialista en daños laborales

Fuente: clarin.com

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