La nueva normativa no mejora la actual Ley 24.557 y continúa sin brindar una solución concreta a pedidos de nuestro sector relacionados con aspectos preventivos que hemos venido reclamando.
Además, reafirma la vigencia de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), lo cual no hace más que seguir otorgándoles poder a empresas cuya principal expectativa está muy lejos de proteger el bienestar laboral del trabajador. Aunque la nueva Ley prevé la elevación de los montos indemnizatorios, obliga al trabajador a optar sólo por una de las vías de resarcimiento: o acepta el monto ofrecido por la ART o acude a la justicia civil.
Los montos abonados por las ART siempre son inferiores a lo que le correspondería al trabajador. Por tal motivo, no se puede apoyar una Ley que siga dejando los derechos laborales en manos de estas empresas. De esta manera, los trabajadores se encuentran ante la disyuntiva de aceptar un monto indemnizatorio inferior al que le corresponde, por el hecho de no tener que esperar durante años que su reclamo se resuelva ante la Justicia.
Pero además, si el trabajador decide rechazar el monto de la ART, deberá recurrir a la Justicia Civil y no a la Laboral. Esto implica una serie de pasos obligatorios que pueden llevar años de espera sin que el trabajador perciba indemnización alguna. Tanto la Corte de la Provincia como la Nacional ya habían declarado, después de una década de reclamos, la inconstitucionalidad de la Ley 24.557. No queremos ahora que pase otra década para que se modifiquen estos puntos sustanciales que mencionamos en párrafos anteriores.
Existen además claros ejemplos de que es el propio Estado quien incumple con la Ley de Salud Laboral. Para ingresar al sistema educativo, los docentes deben cumplir con una serie de requisitos, establecidos en el artículo 57 del Estatuto del Docente. Uno de esos requisitos es poseer aptitud psico-física.
Para ello, el Estado debe realizar una serie de estudios preventivos y periódicos, que les permita a los educadores comenzar a trabajar en el sistema educativo sabiendo si existen enfermedades pre-existentes o si el desarrollo de la profesión generó enfermedades. Pero cada año, el Estado firma una Resolución que permite ingresar “automáticamente” a todos los docentes sin realizarles un examen. Es decir: el mismo Estado incumple un derecho que tienen los trabajadores y evade una responsabilidad que le pertenece.
Es por eso que nuestra postura es firme en este sentido. No queremos una Ley que siga beneficiando a empresas a costa de la salud de los trabajadores. No queremos una Ley que no contemple una política concreta de prevención de accidentes de trabajo. No queremos que se actúe sobre el siniestro, sino que se tomen todos los recaudos para su prevención.
Federación de Educadores Bonaerenses
