“La presencia de amianto en nuestro entorno está infradiagnosticado, hay muchísimos espacios que lo tienen y no lo sabemos”, dice a El Salto Alex Tisminetzky, uno de los abogados del Colectivo Ronda, bufete de abogados especializado en cuestiones laborales y enfermedades profesionales, entre ellas las relacionadas con la exposición al amianto.
Según precisó este abogado, el amianto es un material con mucha resistencia al calor y a la fricción, algo que permite que sea utilizado en frenos, en revestimientos exteriores y aislamientos, en fundiciones y en la construcción. “Los bomberos hasta hace poco usaban manoplas y vestimenta de amianto. Es fácil de manipular, pero cuando está en mal estado o se lo manipula desprende un polvo altamente cancerígeno”, detalló Tisminetzky, y agregó que por ello representa “un riesgo muy alto” para los que trabajan con él sin tener la información adecuada.
Consultado sobre la situación generada en Metro de Madrid, Tisminetzky explicó que la legislación española ordena ir retirando los elementos con presencia de amianto, aunque advirtió de las dificultades de ello. En Catalunya –según cuenta– un estudio determinó que había presencia de amianto en unas 600 escuelas. Sin embargo, dado que la retirada es muy costosa y debe contar con personal especializado, se están “limpiando” de amianto dos escuelas catalanas por año.
“Todos los trabajadores que han estado en contacto con el amianto, como los del Metro, no solo deben tener información de lo que ha pasado, sino que son importantes las revisiones médicas anuales, específicas del amianto con unos análisis de pulmón y radiografías especiales”, advierte el abogado.
La detección temprana de un mesotelioma pulmonar —tumor canceroso que afecta al revestimiento del pulmón—, de una asbestosis —enfermedad producida por la inhalación de polvo de asbesto— o un cáncer de pulmón pueden ser claves en la supervivencia del paciente.
Pese a la gravedad de las enfermedades relacionadas con el aminato, Tisminetzky lamenta que “el cumplimiento es muy laxo” debido a los intereses existentes.
Una de las características del amianto es que desde la exposición a la enfermedad pueden pasar entre 25 y 40 años. Esto produce “que muchos políticos, gestores o empresarios no le den la importancia que tiene, no sientan la presión tan fuerte como si fuera una enfermedad que aparece al año o a los seis meses”, denuncia el abogado.
Si se tiene en cuenta la demora de la enfermedad y que en los años 70 y 80 la manipulación de amianto se hizo en forma descontrolada, los neumólogos auguran un pico de casos a partir de mediados de la próxima década.
Por la razón de esa aparición tardía de las enfermedades relacionadas, el Tribunal Supremo ha determinado que la prescripción empieza en el momento en que se aparecen los síntomas, con independencia de cuándo la persona estuvo expuesta al mineral. “Si tú tienes un cáncer de pulmón y te declaran la invalidez, tienes a partir de ese momento un año para reclamar a la empresa por los daños causados, por mucho que la exposición haya sido 40 años antes”, explica Tisminetzky.
España es uno de los países más atrasados en dar cumplimiento a la legislación europea sobre la manipulación del amianto. En Francia, según cuenta el abogado, cada vez que alguien vende un piso debe entregar al comprador un certificado de que el piso está libre de amianto. “Incluso allí o en Bélgica, hay compensaciones económicas para los trabajadores que manipulan amianto por el hecho de que tienen una esperanza de vida más corta”, relata.
En la actualidad, en Marruecos, India o Nicaragua se da la misma situación de producción descontrolada que se vivió en España. Y muchos productos que allí se fabrican son exportados luego al primer mundo. “Se aprovechan de que la legislación prohíbe la manipulación, pero no la compra de productos que lo tengan”, lamenta.
El Colectivo Ronda está llevando unos 250 casos de trabajadores afectados por la fábrica de uralita Rocalla, en Castelldefels. En su mayoría las víctimas han fallecido. “Por eso y otros que tenemos, nosotros hablamos de un genocidio laboral”, concluyóe Tisminetzky.
Fuente: elsaltodiario.com
