Sólo entre enero y febrero -mientras se debatía en el Congreso la nueva ley de ART- ingresaron a los tribunales laborales cerca de 15.000 nuevos juicios por accidentes de trabajo, en un sistema que ya tiene en stock 300.000 casos y los tribunales están al borde del colapso. Es que los litigios de este fuero, según una estimación oficial, tardan cerca de tres años para resolverse.
Sin embargo, el pasado viernes 7 de este mes comenzó a funcionar el nuevo sistema de homologación de acuerdos previsto por la nueva norma tras la reforma legal, y se arribó a la primera resolución de un caso por vía administrativa, evitando el paso por los tribunales.
Detalles del caso
De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, el trabajador murió a fines de enero, tras lo cual su familia inició el trámite de cobro del seguro en la ART.
La esposa, que eligió el camino administrativo y no el legal, recibió la ayuda directa de un abogado provisto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el ente oficial que regula esta actividad.
Todo el trámite, incluido ese servicio, fue gratuito, gracias a las modificaciones que impulsó el Congreso. El 4 del actual, una vez reunida toda la documentación y llenados los requisitos, se convocó a las partes a la audiencia de acuerdo para el viernes siguiente. Allí tuvo lugar el que fue el primer acto de homologación de un acuerdo desde la sanción de la ley 27.348, en febrero pasado.
Según la SRT, estos nuevos procesos sobre los accidentes laborales, no existentes anteriormente, son de “resolución mucho más rápida y son resolutivos”. En la dependencia que conduce Gustavo Morón, son contundentes: “Este caso muestra que en sólo una semana la familia de una persona que sufrió un accidente laboral pudo resolver su reclamo por la vía administrativa en forma rápida y eficiente, sin tener que acudir a la Justicia”, describieron, y agregaron: “En la justicia laboral se tarda un mínimo de hasta tres años para que a un trabajador que sufrió un accidente laboral se le reconozca su derecho”.
En la SRT confiaron además que ya pusieron en funcionamiento el proceso de descentralización de las comisiones médicas en nueve localidades estratégicas del conurbano bonaerense, y adelantaron a LA NACION que esta semana se estará arrancando con las comisiones de Ramos Mejía y Morón, en la zona oeste del conurbano.
Por otro lado, sumarán también una delegación móvil de comisiones médicas que se instalará en Lanús y en Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense. “Allí se podrán realizar trámites y recibir reclamos”, contaron.
Adhesión provincial
Además, según supo LA NACION, en paralelo se está conversando con las provincias para lograr la adhesión de esos distritos a la nueva ley.
“Hay señales importantes en provincias fuertes, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde algunos sectores de la actividad económica se han pronunciado por adherir a la ley”, afirmaron los funcionarios.
Las modificaciones pensadas por el Gobierno empiezan por las comisiones médicas, que son una instancia previa, única, obligatoria y excluyente. Luego de un accidente o de una enfermedad considerada laboral, el trabajador pasará por allí y, si todo sale bien, cobrará su indemnización en su cuenta sueldo en pocos días.
Antes, los turnos en las comisiones tardaban dos meses. La idea de los cambios es llevarlos a un mínimo de un mes. Además, los peritos médicos cobrarán honorarios en relación con la labor realizada y se institucionalizará un baremo (listado de incapacidades) para agilizar el proceso.
Además, se mejoraron algunas prestaciones directas para los trabajadores: se aumentó el monto de la indemnización por accidentes o enfermedades profesionales, se reconoció una actualización monetaria entre el momento del accidente y la puesta a disposición de la indemnización y se incrementó el interés por mora en el pago de las indemnizaciones.
La ley prevé además un autoseguro público provincial, que incorpora a empleados públicos provinciales y municipales.
Fuente: lanacion.com.ar
