También establece la competencia de los jueces civiles, por lo que se vuelve al criterio de la ley 9688 de 1915, que terminó con una fenomenal litigiosidad.
En cuanto a esto último, la ley 24.028, de 1991 (que reemplazó a la 9688), también la estableció en la inteligencia que esos magistrados fijarían menores indemnizaciones que los jueces del trabajo, lo que finalmente no sucedió.
La ley de riesgos del trabajo de 1995 sólo dejó la acción civil para el caso de un infortunio provocado por dolo del empleador (art. 39.1). Dicha norma fue declarada inconstitucional en 2004 por la corte en el caso Aquino, que habilitó la acción civil amplia en base a la constitución (art. 16) y determinando que el piso indemnizatorio fuera el del código civil.
En ese mismo año, el caso Castillo estableció la competencia de los jueces del trabajo para entender en las acciones indemnizatorias. El proyecto vuelve a instaurar mecanismos que fracasaron y que fueron declarados inconstitucionales.
Más curioso resulta que más adelante se vaya a enviar un proyecto de prevención de los riesgos del trabajo, cuando la premura debería ser la inversa.
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