Por Dr. Hugo Francisco Rostagno
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Cuando una persona tiene dolor de cabeza, enseguida se toma una aspirina para aliviarlo. Al otro día le vuelve el dolor de cabeza y nuevamente toma otra aspirina, y así por varios días seguidos. Pero nunca se pone a pensar en ¿Por qué le duele la cabeza?.
Y la cabeza le puede doler a una persona por muchas cosas, puede tener hipertensión o hipotensión, puede doler por una indigestión, por falta de comida, por estrés, por un tumor, un cáncer, etc.
El dolor de cabeza es sólo un síntoma, o sea la consecuencia de algo mas grave que está aconteciendo en el cuerpo de este paciente. Lo lógico y correcto es vaya a su médico para que le haga un chequeo y averigue cual es la causa que origina el dolor de cabeza.
O sea averiguar y actuar sobre las causas y no sobre las consecuencias.
Esto que pareciera no tener ninguna conexión con el tema que nos ocupa, tiene mucho que ver por que es exactamente lo que nos pasa en Argentina con el tema de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Y en ese sentido nuestro país, no tiene un dolor de cabeza, tiene un verdadero “cancer”, que está afectando tanto a empleados como empleadores. Ese cancer es la falta de prevención que hay en algunas empresas y que las ART, “encargadas” de su control, no lo realizan.
Lo anterior es la opinión de quien esto escribe, y puede que no sea la correcta, pero hay muchas más. Así, si hacemos un repaso de lo escrito y leído en distintos medios de comunicación últimamente podremos apreciar las diversas opiniones de destacadas figuras del quehacer nacional, sobre el tema.
Pero le recomiendo al lector que advierta que todas, sólo ven las consecuencias (indemnizaciones, doble vía, litigiosidad, accidentabilidad) y no la verdadera causa del problema, (la falta de prevención).
1) Ministro Carlos Tomada
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo a LA NACION que esa "intervención del estado" se refería al decreto que emitirá el Gobierno para triplicar el monto de las indemnizaciones vigentes, aunque distintos actores del sector interpretaron que la advertencia presidencial apuntaba a la reglamentación de "mutuas" empresariales y gremiales que funcionen como aseguradoras.
Tomada dijo que "de lo que se está hablando es de la intervención que debe tomar el Estado en esa negociación, porque finalmente no se terminan de poner de acuerdo" empresarios y sindicalistas. En ese sentido, confirmó que su intención es "aumentar las indemnizaciones para que el trabajador cobre esa suma y no tenga necesidad de ir a la Justicia", y señaló que el decreto para actualizar el monto de los resarcimientos -tendría un aumento del 200%- y va a salir "lo antes posible".
Además, señaló que hasta el año próximo el Gobierno no enviará al Congreso proyecto alguno de ley de accidentes de trabajo.
Si bien el funcionario también admitió que -desde que el fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucionales las indemnizaciones fijadas por la ley de ART vigente- existe un vacío legal en esa área que había generado un rebrote de la industria del juicio, sostuvo que la idea es incrementar dramáticamente el monto de esas indemnizaciones, que quedaron desactualizadas.
Este mecanismo, denominado doble vía, es lo que más objetan los empleadores. De hecho, desde el dictamen de la Corte, la Unión Industrial Argentina (UIA) pide por la sanción de una ley que, al menos, obligue al trabajador a optar por cobrarle a la ART o ir a la Justicia.
Con este aumento de los pagos por accidentes laborales, aseguró Tomada, los trabajadores lo pensarán dos veces antes de ir a Tribunales.
En ese sentido, el Ministro destacó que obviamente, siempre habrá un abogado pícaro que trate de convencerlos de ir a juicio, pero si la indemnización es satisfactoria, le será mucho más difícil: el trabajador no quiere pasarse la vida en los juzgados.
“Por eso vamos a probar durante un año o algo más; si esta idea da resultado y baja la litigiosidad, quizás no sea necesaria una nueva ley”, concluyó Tomada.
2) UIA
"El aumento de las indemnizaciones no resuelve el problema de la industria del juicio", advirtió a la prensa el abogado de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
La Unión Industrial Argentina (UIA), y las aseguradoras, sostienen que estos cambios propuestos desde el gobierno no resuelven la cuestión de fondo que generó el exponencial incremento de la litigiosidad del sistema e insisten con la pretensión de que se fije la denominada "opción excluyente" que forzaría al trabajador a elegir entre cobrar la indemnización del sistema o iniciar la demanda judicial.
La UIA culpa a las ART por la falta de consenso para una nueva ley
Un empresario admitió que "hay varias promesas incumplidas" por la presidenta Cristina Fernández para el sector, como el caso de la nueva legislación de ART.
El Gobierno analiza triplicar las indemnizaciones para contener el incremento de juicios que originó la Corte Suprema de Justicia al declarar nula la ley de la década del 90.
Pero los empresarios no están conformes con las propuestas que circularon hasta ahora. Ellos aspiran a que se elimine lo que se conoce como "doble vía" a través de una ley que ofrezca mayor seguridad y estabilidad. "Si se triplican las indemnizaciones, además de incrementar el costo de los seguros que ofrecen las ART, en vez de funcionar como un techo, será un piso", explicó un empresario.
3) UART
Jorge Aimaretti, presidente de la Unión de ART (UART), señaló que comparte la "preocupación de la Presidenta respecto de la litigiosidad". Las ART cubren a más de 7 millones de trabajadores y más de 600.000 empresas. "Respecto de la idea de formar mutuas -agregó Aimaretti-, siempre hemos dicho que ello ya hoy es posible y que deben someterse a iguales reglas que las que cumplimos las ART, a los fines de no afectar la calidad del servicio brindado."
Los miembros de UART destacan que siempre han estado predispuestos al diálogo", manifestó la UART, por medio de un comunicado. Destacó que la Corte en ningún fallo se ha expedido sobre las características de los entes gestores de la ley de Riesgos del Trabajo, por lo que no hace al conflicto normativo, y señala que serían bienvenidos todos aquellos nuevos operadores que contribuyan a ampliar la oferta de servicios de la cobertura, la cual hoy es abordada por las ART y para más de 7,5 millones de trabajadores y unas 700.000 empresas.
A su vez, la gerenta general de la UART, Mara Betiol, dijo que el Gobierno nacional avanzará pronto en el dictado de los decretos que modifican la ley de Riesgos del Trabajo, en cuestiones en las que no habría mayores diferencias entre empleadores y la CGT.
Al respecto, dijo que estas normativas incluirían el aumento de las prestaciones, la triplicación de las sumas únicas y de los topes de las indemnizaciones, y la incorporación de tres enfermedades que no formaban parte del listado.
4) CAME
Al abrir el encuentro, del que participaron cerca de 1400 empresarios pyme, el presidente de CAME, Osvaldo Cornide, consideró que es "indispensable" la sanción de una nueva ley de accidentes de trabajo "que proteja al trabajador, pero que al mismo tiempo evite la industria del juicio y a las empresas pyme les quite la amenaza de permanentes embargos millonarios". La Presidenta coincidió en que existe una "industria del juicio" ("y eso que soy abogada", ironizó), al tiempo que rechazó que los seguros de trabajo sean "un negocio donde únicamente ganan los que aseguran y finalmente terminan perdiendo empresarios y trabajadores".
También, Osvaldo Cornide, hizo un llamado al diálogo y al consenso entre Gobierno y oposición, para que se sustituyan los enfrentamientos. Además, el dirigente empresario indicó que las prioridades de las PyME en la coyuntura actual pasan por una serie de medidas que debe impulsar el Gobierno, como la sanción de una ley de accidentes del trabajo que -afirmó- proteja al trabajador en lugar de motorizar una industria del juicio, y que cubra a los empresarios PyME en lugar de amenazarlos con la posibilidad de juicios millonarios, según consideró.
Cornide también dijo que es urgente la necesidad de contar con un sistema financiero privado que sostenga un modelo de desarrollo industrial y, al mismo tiempo, abrir las puertas al capital extranjero para multiplicar las fuente de trabajo, pero no para especular. (DyN-NA-Télam).
5) CGT
Uno de los reclamos que el titular de la CGT, Hugo Moyano, le hizo a Tomada en una de las reuniones técnicas que tienen lugar todas las semanas en el Ministerio de Trabajo, fue que vieran la posibilidad de que el Estado sea quien tome cartas en el asunto de esta situación de indefinición.
Y el alerta de que el Estado avance sobre las aseguradoras de riesgos del trabajo, ámbito en el que se deben congeniar los contradictorios elementos de la seguridad social y el lucro, también fue un rumor fuerte a fines del año pasado, tras la estatización de las AFJP.
Los sistemas español y chileno en los cuales, se dice que se basó la ley original de ART, funcionan con base en las mutuas de empresarios y sindicatos. Pero es de destacar que funcionan bien gracias a la prevención que realizan y que en nuestro país, brilla por su ausencia.
Hay empresarios que opinan que se deben hacer una mutua entre empresarios y trabajadores donde no haya ganancias y todo vaya al sistema.
La jefa de Estado llegó a plantear, incluso, la posibilidad de que industriales y sindicatos retomen la vieja idea de conformar mutuas que reemplacen las ART. “Estamos explorando, incluso con el sector de la construcción, que si no hay posibilidades de acordar con las empresas que se dedican a asegurar, vamos a tomar intervención del Estado para que, en acuerdo entre trabajadores y empresarios, podamos hacer asociaciones que permitan contemplar los intereses de ambos”, enfatizó.
El otro conflicto es el tema del in itinere. Con cierta razón se plantea que un trabajador que tenga un accidente desde su casa al trabajo no tiene que hacerse cargo la ART. El Estado y la Justicia dice que nos tenemos que hacer cargo nosotros, dice un directivo de las ART. Entonces nosotros planteamos que se haga un fondo específico para el in itinere, porque sino no se puede ponderar.
• Personalmente no creo que con este “nuevo parche”, se pueda llegar a algo positivo.
• La experiencia nos ha demostrado a través de los años y las numerosas reformas de las distintas leyes, que cada vez, que se aumentaron los montos indemnizatorios, aumentaron los juicios.
• Lo que es lógico suponer ya que “si se agranda la zanahoria, habrá mas interesado en lograrla”.
• Por favor dejémonos de hacernos el “cuentito de la aspirina”.
Bibliografía:
• www.periodismosunchalense.com.ar
• Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART)
• El Cronista Comercial
• La Gaceta
• Rio Negro online
• Buenos Aires Económico
• Ana Vainman | ElArgentino.com
• Indemnizaciones: sube el tope que se mantiene sin cambios hace 9 años en $ 180.000 a $ 540.000. También se triplica la indemnización adicional al contado por invalidez absoluta, muerte o gran incapacidad.
• Ampliación del listado de enfermedades laborales. Se incluiría, por ejemplo, las varices, las hernias y las lumbalgias.
• Pago electrónico de las rentas e indemnizaciones.
• Constitución de un registro de prestadores de Salud.
• Delimitación de las obligaciones de las ART.
• Fondo Enfermedades Profesionales. Este fondo es superavitario y se discute qué destino puede darse al excedente.
Mientras los sindicalistas y empresarios negocian una nueva ley de ART, en el gobierno se avanza sobre la idea de estatizar el sistema y, con ella, la desaparición de las aseguradoras que en la actualidad gestionan los servicios. Las amenazas de la presidenta de triplicar los actuales montos indemnizatorios por accidentes de trabajo, van en esta línea.
La justificación de la intervención estatal llegará por la falta de un acuerdo entre los sindicalistas y los empresarios para dar un nuevo marco al proyecto de ley. Más allá de los propios intereses sindicales que existen para que el gobierno estatice el sistema, la iniciativa tendría un impacto importante en las arcas públicas y, más aún, teniendo en cuenta los problemas de caja que enfrenta hoy el gobierno frente al derrumbe que sufre su superávit fiscal. Las ART recaudan unos $ 4.500 millones por año en aportes y contribuciones, casi un tercio del flujo anual de lo que generaban las ex AFJP en su último año, pero con la ventaja de que la mayor parte de su cartera de inversión de las primeras está compuesta por activos líquidos fácilmente negociables en el mercado. Si el matrimonio Kirchner finalmente avanza con la reforma del régimen de riesgos del trabajo, los fondos del sistema se sumarían a los ingresos adicionales generados por la estatización de las AFJP, lo que permitiría al Ejecutivo incrementar el superávit fiscal y cubrir las necesidades de financiamiento para los próximos dos años sin grandes dificultades.
Junto con esas medidas, el Gobierno terminó por blanquear su determinación de recurrir a un decreto para instrumentar los cambios al régimen de riesgos del trabajo ante la imposibilidad de alcanzar un consenso con empresarios y sindicalistas para reformular en forma integral el sistema que en varios de sus artículos fue tachado de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
La argumentación oficial, compartida por los gremios de la CGT, es que el fuerte aumento en el monto de las indemnizaciones del sistema desalentará a los trabajadores a iniciar demandas en la Justicia para obtener un resarcimiento mayor.
Ante esta afirmación cabe preguntarse, si se agranda la zanahoria, ¿disminuirán o aumentar los juicios?
Los pasos que debe seguir el empleado
• Si su empleador no posee ART, debe igualmente realizar la denuncia del accidente de trabajo o enfermedad profesional ante el mismo, mediante telegrama laboral (gratuito) o nota con copia debidamente recibida por él, quien por no poseer ART está obligado a brindarle la cobertura.
• Denunciar a su empleador por la falta de afiliación ante esta Superintendencia al 0800-666-6778 en el horario de lunes a viernes de 9 a 18.
• Si su empleador no denunció su accidente o enfermedad profesional, usted puede efectuar la denuncia correspondiente ante la ART o los prestadores médicos habilitados por la misma.
• La aseguradora (ART) debe, en forma inmediata, brindarle toda la asistencia médica necesaria desde el momento en que se efectuó la denuncia del accidente o enfermedad profesional.
• En cuanto al monto de dinero que usted debe recibir, los primeros diez días están a cargo de su empleador, mientras que a partir del décimo primer día los pagos corren por cuenta de la ART.
EL MINISTRO DESIGNÓ INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE SE REÚNEN PARA REFORMAR LA LEY
El Ministerio de Trabajo Carlos Tomada designó los representantes del gobierno nacional para integrar el Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (Resolución MTEySS N° 729/09), el cual desde hace unas semanas se reúne con el objeto de evaluar el Sistema, tendiendo a su adecuación y reformulación.
Las funciones que desarrolla el comité son de fundamental importancia para la correcta implementación de los objetivos fijados en la Ley y en sus fundamentos expresa que el mismo puede operar como espacio de diálogo tripartito para evaluar las diversas alternativas que el Sistema de Riesgos del Trabajo presenta, tanto en sus aspectos normativos cuanto en los prácticos y operativos.
Por la importancia asignada a las funciones del comité, el titular de la cartera laboral designó como representantes a la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Noemí Rial, al Jefe de Gabinete del Ministerio, Norberto José Ciaravino, al Superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio Gonzalez y al Asesor de la Unidad Ministro del ministerio, Raúl Horacio Ojeda.
En calidad de miembros alternos nombró al Secretario de Seguridad Social del Ministerio, Walter Arrighi, al Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Leonardo Jesús Ambesi, al Director de Asuntos Legales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Guillermo Carlos Camacho y al Director de Regulaciones del Trabajo del Ministerio, Pablo Titiro; y como Secretario Técnico se designó a Carlos Alberto Paz.
En las reuniones del Comité Consultivo Mixto ya se acordaron 10 de los 15 artículos de una nueva norma, como la bancarización del Sistema, un mayor control sobre los prestadores y la posibilidad de que las empresas contraten un seguro por responsabilidad civil y la creación del registro de servicios de salud y contratos.
La propuesta del Ejecutivo es triplicar las indemnizaciones, instalando una actualización automática a partir del índice de movilidad jubilatoria, y también incluye las lumbalgias, hernias y várices en el universo de enfermedades. El objetivo es reducir la cantidad de juicios y mejorar los atrasados resarcimientos para comenzar a discutir en ese escenario una nueva legislación. “El Gobierno reconoce que existen problemas de fondo a resolver como el accidente in itinere (en trayecto hacia o desde el trabajo) y la opción judicial, los dos reclamos de los empresarios, pero no los vamos a resolver con este decreto. Queremos avanzar sobre los problemas inmediatos. Si ampliamos la cobertura de las enfermedades y mejoramos las indemnizaciones, se obstruye cerca del 60 por ciento de los juicios”, explicó el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Fuente: SRT.