Tras el cierre de la discusión parlamentaria de la reforma constitucional, el diputado socialista Rubén Galassi ingresó un proyecto de ley estableciendo parámetros para la posible adhesión de la provincia a la reformada ley nacional de Riesgos de Trabajo, iniciativa que fue girada a la Comisión de Asuntos Laborales donde están las otras iniciativas presentadas por legisladores de Cambiemos.
La adhesión de Santa Fe a la reformada ley de ART viene siendo insistentemente reclamada por sectores empresariales mientras que es resistida por sectores gremiales y entidades ligadas al derecho. El propio presidente Mauricio Macri pidió esta adhesión durante la última visita a Santa Fe dos meses atrás.
Galassi ingresó el proyecto acompañado por varios de sus compañeros de la bancada socialista: Rubén Martínez, Inés Bertero, Miguel Solís, Joaquín Blanco, Eduardo Pieroni, Clara García, Julio Garibaldi y María Ayala. Precisamente Solís preside Asuntos Laborales donde se agilizará el debate ahora que el oficialismo decidió trabajar la temática.
Galassi recordó que “Santa Fe ha transitado desde 2008 un camino virtuoso en todo lo referido a garantizar instancias paritarias de participación solidaria entre empleados y empleadores con la intención de generar ámbitos de trabajo seguros y saludables para los trabajadores” y destacó la sanción, en septiembre de 2008, de la ley Nº 12.913 de creación de los ‘Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo’ al que definió como “hito inédito entre las provincias argentinas: contar con el primer marco legal paritario que garantiza la participación orgánica de trabajadores y empleadores en la formulación de políticas y acciones concretas dirigidas a proteger el derecho a la salud en el ámbito laboral y prevenir accidentes y enfermedades”. En una década se crearon 1.324 comités y 1.728 delegados de prevención, que han alcanzado a un universo de 39.537 trabajadores y 2.548 empresas y “registrándose una significativa mejora en todos los índices de siniestralidad en el ámbito laboral”.
El socialista explicó que su proyecto apunta a dar operatividad a las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley Nacional Nº 27.348 -Complementaria de la Ley Nacional Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo-, proponiendo que la aplicación en la provincia de Santa Fe esté sujeta a condiciones propias que resaltan el papel del Poder Ejecutivo como actor clave en el respeto y garantía de los derechos de los trabajadores. Así prevé que el Poder Ejecutivo celebre convenios de colaboración y coordinación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para la constitución de comisiones médicas en cada una de las cabeceras de las cinco circunscripciones judiciales, teniendo que existir como mínimo, al momento de entrada en vigencia de la ley, una comisión médica en las circunscripciones judiciales 1, 3, 4 y 5 y tres en la circunscripción judicial Nº 2.
“En todos los casos, los convenios de colaboración deberán celebrarse bajo determinados lineamientos: constitución de comisiones médicas jurisdiccionales que garanticen una adecuada cobertura geográfica en todo el territorio provincial, número suficiente para atender los requerimientos de aplicación del proyecto; celeridad, sencillez y gratuidad al trabajador en todos los procedimientos; atención de calidad; participación conjunta de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Poder Ejecutivo en la selección de todos los integrantes de las comisiones médicas por medio de mecanismos transparentes; fundamentación científica, imparcialidad, objetividad y profesionalidad en los dictámenes médicos, contemplando en todos los casos los principios del derecho laboral; revisión continua tanto interna como externa de la gestión de las comisiones médicas y publicidad de los indicadores de gestión”, resumió Galassi.
También establece que en todos los casos el trabajador cuente con patrocinio letrado, previendo que en aquellas situaciones donde el trabajador no lo posee, los Colegios de Abogados puedan instrumentar las medidas necesarias a fin de proveer el servicio de patrocinio de manera gratuita.
En relación al agotamiento de la vía administrativa, en sintonía con proyectos de otras provincias y la legislación nacional, el socialismo propone que el trabajador pueda prescindir de la obligatoriedad de interponer recurso ante la Comisión Médica Central, dando por concluida la instancia prejudicial ante la comisión médica de su circunscripción.
Sobre el final, el socialista aclaró que “reafirmando la convicción de avanzar en una legislación provincial que al mismo tiempo que reduzca la conflictividad en la materia y agilice la administración de justicia laboral, garantice el derecho de los trabajadores a una reparación inmediata y efectiva de los daños que hubiere sufrido como así también habilite a estos a reclamar por la correcta aplicación de la normativa pertinente, los recursos que interpongan tanto las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo como los trabajadores no tendrán efecto suspensivo de la incapacidad determinada y del monto de capital correspondiente, sino efecto devolutivo”.
Meses de reclamos
En la última visita a la provincia Santa Fe, en julio último, desde Carcarañá el presidente de la Nación, Mauricio Macri, reclamó ante el gobernador Miguel Lifschitz la adhesión de Santa Fe a la norma nacional para bajar lo que llamó la industria del juicio. Días antes, el ministro de la Producción, Dante Sica, había efectuado un reclamo similar.
Un mes antes de la visita presidencial, el radical Julián Galdeano ingresó un proyecto de adhesión a la norma nacional que contempla al menos ocho comisiones médicas para garantizar que el trabajo no deba trasladarse más de 80 kilómetros para acceder a ellas.
El tema no es nuevo en Legislatura donde incluso la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados escuchó opiniones sobre el proyecto. Es que en la comisión está el proyecto de adhesión a la norma nacional y otro al sistema de conciliación obligatoria previa en materia laboral. Ambas iniciativas son propiciadas por diputados macristas -Federico Angelini y Sebastián Mastrocola, respectivamente.
FUCO
El diputado Héctor Cavallero (PPS) ingresó un pedido de informes sobre la situación del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). “Queremos conocer sobre la desagregación de la deuda por el total de 11.689.000.000 de pesos al 31 de diciembre de 2017. Como así también, las causas que explican el incremento interanual de 32,3% entre los ejercicios 2016 y 2017, ya que el saldo deudor el 31 de diciembre 2016 fue 8.836.000.000 pesos”.
Para Cavallero “es necesario conocer el detalle de los organismos que poseen un saldo de recursos sin gastar, así come el monto de dichas subejecuciones presupuestarias”.
Fuente: ellitoral.com
