La evolución que han tenido los juicios demuestra una tendencia creciente, pues si en 2003 se presentaron casi 3.000 demandas judiciales en el país, en 2011 fueron más de 57.000; y se estima que cuando finalice este año, habrá otros 66.000 juicios en trámite.
En su informe la UART menciona que, hasta junio de este año, sobre el universo total de juicios, Capital Federal era la jurisdicción con más demandas, seguida por Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. No obstante, poniendo en relación el número de casos iniciados sobre total de trabajadores, el ranking lo encabeza la provincia de Santa Fe, con 232 reclamos por cada 10.000 trabajadores en activo; en el listado nacional le siguen Mendoza, con 178 demandas, y Córdoba con 173 expedientes iniciados.
A nivel país, el promedio de juicios esperados para 2012 es de 77 cada 10.000 trabajadores; si se excluye de ese análisis a los 5 principales distritos, el promedio desciende a 33 juicios.
DUDAS SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE LAS ART
Por otra parte, el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de reformar la Ley de Riesgos de Trabajo para evitar que un trabajador recurra a la Justicia en caso de haber percibido previamente una indemnización de la aseguradora, que desde la UART ha sido respaldo (ver edición del pasado miércoles), también ha recibido las críticas de otros sectores afectados, que incluso dudan de la constitucionalidad de la propuesta.
Es el caso de la Asociación de Abogados Laboralistas, que afirma que los cambios en la Ley de ART cosecha “un récord de tachas de inconstitucionalidad” por lo que “la reforma que se propicie, a nuestro criterio, debe derogar la ley en su totalidad, en especial en lo que se relaciona con las ART”. En esa misma dirección, el diputado Víctor De Gennaro, del Frente Amplio Progresista, anticipa que impulsan una marcha al Congreso para apoyar un proyecto de ley que derogue el régimen de ART y el sistema funcione como banco público nacional, sin fines de lucro.
Para el oficialista Héctor Recalde, la alta litigiosidad se debe a que el sistema “nació como una ley de negocios, hay falencias en prevención, las indemnizaciones son insuficientes y no se puede anular la posibilidad de reclamar en la Justicia”. Y agrega que las empresas grandes deben pagar más que las pymes.
Para el abogado laboralista Horacio Schick, eliminar la “doble vía” y reinstalar la “opción excluyente con renuncia”, establecida en la primera ley de accidentes de 1915, constituye un viraje regresivo.
Fuente: inese.es
