La Justicia pasó a ocupar el centro de atención de los empresarios, el Gobierno y los especialistas, después de que el Congreso le diera luz verde en noviembre a la Ley de Reparación de los Daños de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Sucede que la reforma, sancionada en tiempo récord y en medio de una fuerte protesta sindical en contra de su aprobación, si bien aumentó el monto de las indemnizaciones por accidentes laborales, sigue generando fuertes debates en torno a la reinstalación de la opción excluyente con renuncia, la competencia del fuero civil, la continuidad de las comisiones médicas y el listado cerrado de enfermedades laborales.
En relación con estos puntos, la Corte Suprema manifestó, a raíz de los reclamos de empleados que llegaron a esa instancia, la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) prexistente que, no obstante, fueron ratificados en el nuevo texto.
Es por ello que jueces, asesores de empresas, aseguradoras y abogados defensores de trabajadores ahora aguardan un pronunciamiento respecto de la normativa recientemente reformada.
Así lo manifestaron especialistas convocados por iProfesional.com a la conferencia “Nueva Ley de ART” que reunió a más de 450 profesionales y ejecutivos, donde se analizó el escenario abierto por los cambios en materia de riesgos del trabajo (para más detalles, lea Punto por punto, éste es el proyecto de ley de ART).
“Si esto es una mentira, va a tener patas cortas. La Corte va a determinar si es inconstitucional o no, y nadie puede cuestionarla”, afirmó el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Juan José González Gaviola.
Retoques por decreto
En este marco, el Comité Consultivo previsto por la ley de accidentes de trabajo comenzó a implementar modificaciones mediante decretos y resoluciones en un intento de “compatibilizar” la reforma con los fallos de la Corte.
Una de ellas tiene que ver con el procedimiento ante las comisiones médicas, un organismo administrativo creado por la vieja LRT, puesta en vigencia en 1996, que se encarga de resolver las diferencias entre el trabajador y la ART y constituye la instancia obligatoria antes de acceder a la Justicia.
A partir de 2004, la Corte y los tribunales inferiores comenzaron a declarar inconstitucional este procedimiento ante las crecientes demandas de los damnificados que lo consideraban un trámite burocrático que dilataba el pago de la indemnización, determinaba en otros casos una incapacidad menor a la real e impedía el acceso directo a los juzgados. Todo sin ningún tipo de defensa por parte del asalariado.
Tras la aprobación del nuevo régimen, el Comité ahora “está está trabajando para que los empleados tengan asesoría letrada“, anunció el Superintendente de Riesgos de Trabajo en la conferencia.
l ente tripartito, compuesto por autoridades, empresarios y sindicalistas, ya resolvió la semana pasada incorporar las hernias, várices y lumbalgias al listado de enfermedades laborales que las ART tienen que cubrir, en caso de producirse dichas afecciones a causa del trabajo.
Como consecuencia, Gaviola aseguró que “el año que viene habrá una mayor cobertura (de las dolencias)” y anticipó que “se incrementarán los siniestros (por la inclusión de nuevas patologías al listado)”.
Asimismo, sostuvo que se prevé modificar el decreto 1.338 para que los servicios de higiene y los empleadores tengan la obligación de involucrarse en el control del tratamiento médico del dependiente afectado.
“Será un control cruzado. Estamos trabajando en la clasificación de los trabajadores y de las patologías. Hay demoras en entregas de autorizaciones médicas. Así se perjudica a los trabajadores por recibir un tratamiento insuficiente y, además, los empleadores deben pagarle a éste y a su sustituto” explicó. Y agregó que “los empleadores no denuncian cuando le tratan clínicamente mal a un trabajador”.
Por otra parte, el funcionario aseguró que, entre otros cambios, la SRT determinará los grados de incapacidad a nivel nacional, en lugar de las provincias, como ocurre ahora.
Aumentos en los seguros
Uno de los primeros impactos de la reforma se vio reflejado en las alícuotas que pagan las empresas a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), lo que despertó críticas en la Unión Industrial Argentina (UIA).
Luego de que se incrementara el valor de las prestaciones dinerarias y se ampliara el listado de enfermedades profesionales, las compañías comenzaron a recibir subas en el costo de su seguro de accidentes laborales.
“Ya están llegando aumentos en las alícuotas que pagan las empresas a las ART de hasta el 500%, de modo que va a ser dramático para las compañías. Las grandes tienen mayor poder de negociación, pero para las chicas es un salto”, advirtió el moderador de la conferencia, Julián de Diego, titular del estudio que lleva su apellido.
Á‰ste es el caso de una empresa de la Capital Federal que fue notificada de un ajuste cercano al 20% “con motivo de la sanción de la nueva Ley 26.773 de reforma de la Ley 24.557 sobre los Riesgos del Trabajo”.
“Para mantener el nivel de calidad de la cobertura y cumplir con las mayores exigencias establecidas por esta reforma, a partir del 1 de noviembre de 2012 incrementaremos las alícuotas“, indicó la aseguradora en la factura.
La visión de la Justicia
Ante un auditorio que sobrepasó la convocatoria inicialmente prevista, el juez nacional del Trabajo Julio Grisolía examinó el nuevo régimen legal sobre accidentes laborales y destacó “la eliminación del pago en renta periódica, el incremento de la indemnización y el resarcimiento adicional del 20%“, que percibirán los trabajadores que acepten el monto propuesto por la aseguradora.
Sin embargo, Grisolía reconoció que la ley también contiene “aspectos negativos”, como la exclusión de enfermedades no listadas (a pesar de que se incorporaron esta semana las várices, hernias inguinales y lumbalgias), el funcionamiento de las comisiones médicas y la ausencia de cualquier referencia a la prevención y las condiciones de trabajo en la nueva normativa.
“Hay más siniestralidad porque hay más empleo, y por la falta de prevención y adecuación de las condiciones de trabajo“, señaló.
De acuerdo con datos de la SRT, los casos registrados se acercan a los 600.000, y si se incorpora a los no registrados, los accidentes laborales mortales llegarían al millón. Entre el 2003 y el 2010 los trabajadores fallecidos crecieron un 28% y, si se suman los casos de los empleados sin registrar, hay entre 6 y 7 muertos por día, con un total cercano a los 2.200.
En este escenario, el magistrado explicó que “existe una gran cantidad de juicios en el fuero laboral. Hoy entran el triple de expedientes que a fines de 2007″.
