De esta manera, la nueva normativa que, justamente, se denominará ley de prevención de riesgos del trabajo, apunta a subsanar las deficiencias estructurales y constitucionales de la actual Ley 24.557 (publicada en el Boletín Oficial en octubre de 1995), que al calor del neoliberalismo tuvo como objetivo preponderante reducir los costos de las empresas. “No va a haber parche, queremos una ley completa que produzca un cambio integral como ocurrió con YPF”, ilustró en estricto off de record una alta fuente gubernamental. El proyecto contempla un rol mucho más decisivo del Estado como contralor, colocando el acento en el monitoreo de todo el sistema, pero, particularmente, del accionar de las Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART).
Creación de ComitÁ‰s Mixtos. La iniciativa también prevé un papel más protagónico de los trabajadores en la seguridad ya que son los verdaderos damnificados por los accidentes de trabajo. Con este propósito se conformarán los comités mixtos paritarios de salud y seguridad en los que los obreros contarán con una representación para fiscalizar el cumplimiento de las medidas de control de los riesgos laborales. Además, el trabajador va a tener el derecho de retener tareas en el caso de que las condiciones de trabajo no sean las adecuadas y exista un peligro inminente que ponga en riesgo su humanidad.
Las ART y la fiscalización. La nueva normativa obligará a las ART a visitar al menos una vez al año a todos sus clientes-empresas para asegurarse que cumplan con los requisitos de seguridad. En la actualidad, las visitas son discrecionales y muchas veces no se cumplen. Además, se crearán mecanismos para que las ART paguen más rápido todos los componentes del resarcimiento económico. Las ART coexistirán y competirán con mutuas, que al estilo español, podrán estar integradas sólo por empresarios o por convenio colectivo de trabajo, es decir incluyendo a la patronal y a los trabajadores.
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