A continuación realizaremos un breve recorrido en torno a ella, centrándonos concretamente en el periodo de la dictadura franquista y en la Transición a la democracia.
Cada sociedad elabora la prevención de riesgos según la forma en que la percibe y atendiendo a sus propios intereses: los gobiernos, la cultura, la economía… moldean estas políticas. La España franquista no fue ajena a esto y desarrolló su modelo de relaciones del mundo del trabajo.
El primer franquismo: 1939-1959
Durante los primeros veinte años de dictadura, los Reglamentos de Trabajo u Ordenanzas Laborales fueron los instrumentos utilizados por la Administración para regular las condiciones de trabajo en los distintos sectores o ramas de la producción. A diferencia del periodo republicano, que se encontraban bajo competencia del poder legislativo, en la dictadura estaban bajo la jerarquía del Ministerio de Trabajo y mediante orden ministerial se fijaban las reglamentaciones a las que se tenían que adaptar tanto los jefes de empresa como la organización del trabajo desarrollada en los centros.
La rigidez e inflexibilidad con la que se intervenía en el sistema económico español, conocido como autarquía, tenía su reflejo en el mundo del trabajo con estas estrictas ordenanzas que establecían unas condiciones mínimas y obligatorias con lo que imposibilitaba que se emprendiesen mejoras en las condiciones laborales. A comienzos de la década de los cuarenta, en 1941, desde el Ministerio de Trabajo se llevó a cabo una campaña para la puesta en marcha de comités de seguridad e higiene en el trabajo en las grandes industrias, que se consideró un éxito al crearse cerca de trescientos, con lo que se pensó en aumentar su número al extenderlos, o mejor dicho, imponerlos, en aquellas empresas que, pese a no tener un importante número de trabajadores, si fuese necesario hacerlo por el tipo de trabajo que se realizaba en ellas, lo que se consiguió en 1944, cuando fue obligatorio la creación de los comités en la industrias relacionadas con textil, química o electricidad, entre otros sectores.
Los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo tenían las funciones de velar por el cumplimiento de la legislación sobre las susodichas seguridad e higiene en el trabajo, elaborar estadísticas, investigar los accidentes… de tal forma que, poco a poco, se convirtieron en una parte más de las empresas; no obstante, al mantener una relación muy estrecha con la parte empresarial, se alejaban de los trabajadores, quienes no podían utilizarlos como medio de participación. En 1947, la creación de los Jurados de Empresa vino a cubrir esta deficiencia, ya que además de convertirse en una pieza fundamental de la Organización Sindical, las competencias de los comités fueron derivadas hacia ellos. Asimismo, podían fomentar acciones sindicales y mantener la armonía de las relaciones entre los empresarios y los trabajadores.
Los años cincuenta fueron testigos de cómo la dictadura abandonaba la política autárquica y la reemplazaba por una liberalización y modernización económica que emprendió para evitar la quiebra económica. Es en este contexto de cambios económicos cuando se crearon los Convenios Colectivos Sindicales. Fueron aprobados en abril de 1958 y permitieron a los trabajadores realizar mejoras en sus condiciones de trabajo con lo que se abandonaba, en cierta forma, el paternalismo, dejando de depender de la buena voluntad de los empresarios.
El desarrollismo: 1960-1970
En los años siguientes, y al calor de la modernización económica, pero no política, que estaba transformando al país, se pusieron las bases para la creación de un sistema de Seguridad Social que finalmente entró en vigor a finales de las década de los sesenta, en 1967.
Con la implantación de la Seguridad Social se rompía el fragmentado esquema de los seguros sociales, pero todavía durante los años de la dictadura seguiría existiendo la multiplicidad de regímenes de aseguramiento y habrá que esperar a 1976 para que esta situación mejore con la Ley de Relaciones Laborales; no obstante, los años finales de la dictadura fueron muy importantes por los cambios que se promovieron, ya que se puso a disposición del servicio del mundo laboral español unos medios humanos y técnicos que estaban exclusivamente dedicados a la prevención laboral.
El tardofranquismo 1970-1975
En 1971 se creó el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo que fue el precedente del actual Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Su creación respondía a la necesidad de instituir un organismo que no fuese un proyecto coyuntural, sino que tuviese voluntad de permanecer en el tiempo, como efectivamente ocurrió. Entre las tareas que en un primer momento se le encomendaron destacaban: la acción formativa de los diferentes niveles educativos; la creación de una red técnico-preventiva y clínico-laboral por todo el territorio nacional, y, finalmente, la creación de servicios técnicos de seguridad en las empresas por todo el territorio nacional.
Los objetivos preventivos del Plan Nacional superaban ampliamente los que tenían asignados los Servicios Médicos de Empresa pues tenían una visión más interdisciplinar y global al abarcar todas las actuaciones de prevención necesarias para proteger a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, lo que supuso la incorporación de áreas interdisciplinares como Psicología, Medicina de Empresa o Química. La importancia del Plan fue cada vez mayor y debido a las actuaciones que se llevaban a cabo fue incluido en 1974 en la Ley General de Seguridad Social lo que, por otra parte, significaba reconocer que se trataba de un servicio que debía prestar el Sistema de Seguridad Social. Desde 1971 a 1975 el Ministerio de Trabajo fue el encargado de dirigirlo a través de la Dirección General de la Seguridad Social con el objetivo de conseguir una reducción o eliminación de los riesgos que podrían darse en los centros laborales y también para lograr un estado sanitario óptimo mediante el fomento de actuaciones preventivas entre las personas dedicadas a la aplicación de la Seguridad Social en accidentes y enfermedades derivadas de la ejecución de una determinada actividad profesional. El desarrollo de estas labores preventivas hizo necesario que se dotase al Plan de una Dirección Ejecutiva y que se creasen organismos como los Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad en el Trabajo o los Gabinetes Técnicos Provinciales que necesitaban de una considerable inversión, de tal forma que su implantación fue más lenta de lo esperado; no obstante, el impacto fue bastante importante pues los trabajadores que pertenecían a la mediana y pequeña empresa tuvieron acceso a los reconocimientos médicos reglamentarios, asesoramiento sobre las medidas de seguridad que las empresas debían implantar o al análisis pericial de las condiciones higiénicas laborales de sus centros de trabajo.
Fuente: seguridad-laboral.es
