24 de agosto de 2019

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Riesgos del trabajo, en el banquillo

Implementar la nueva ley de Riesgos del Trabajo llevó varios años. Se esperaba desde 2004, cuando comenzaron los primeros fallos de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de la ley de 1996. Sin embargo, al cumplirse este mes un año de la vigencia de la nueva norma son más las críticas que los apoyos que recibe. 

Los distintos actores del sector tienen diferentes visiones sobre el nuevo cuerpo legal pero, lo cierto es que, a pesar de que se amplió la cobertura, se aceleraron los pagos, se incrementaron los montos indemnizatorios (lo cual también implicó un mayor costo para las empresas) y se eliminó la denominada doble vía, la litigiosidad (uno de los problemas que se quería evitar con estas dos leyes) aumentó.

La ley de Riesgos del Trabajo (la flamante 26.773, y la anterior 24.557) apunta a crear, por una parte, un sistema de prevención de accidentes y enfermedades laborales, y un régimen de reparación cuando esas situaciones ocurren (aun aquellas que suceden en el trayecto entre la casa y el trabajo, denominado in itinere ). Esta reparación incluye prestaciones en especie (asistencia médica) y en dinero (indemnización ante una incapacidad, por ejemplo).

El sistema funciona a partir de la contratación por parte de las empresas o empleadores de un seguro que cubra estas contingencias. Puede ser a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o mediante el autoseguro (utilizado, en mayor medida, por entes públicos o grandes empresas).

A su vez, la ART tiene que controlar que las empresas pongan en marcha acciones de seguridad e higiene para prevenir accidentes.

Contrapuntos

Desde la Unión de ART, que reúne a estas entidades, se destaca que la cobertura del sistema está en un máximo histórico: en el país hay más de nueve millones de trabajadores y más de 900 mil empresas aseguradas.

Además, marca una reducción sustancial del índice de fallecidos que, según las estimaciones preliminares de la Uart supera el 15 por ciento en el primer semestre de 2013, aunque la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sostiene que cayó 25 por ciento. En 2012, hubo 112,7 muertes cada millón de trabajadores cubiertos; sin contar los accidentes in itinere el indicador baja a 64,9.

Desde la Asociación de Productores de Seguros de Córdoba, Daniel Layus, acota que hubo un incremento de los accidentes laborales in itinere , por la mayor utilización de motos.

Jorge Sappia, abogado laboralista y exsecretario de Trabajo de la Nación opina que la nueva ley “fue mal concebida y peor escrita” porque “ha dejado una cantidad de dudas que se resolvieron encareciendo el costo de reparación”.

“Falta un adecuado mecanismo de prevención del riesgo laboral. Se sacó a este tema del ámbito de la seguridad social y se lo llevó al derecho comercial. La ley no advirtió que se debía distinguir entre el empleador que cumple y el que no; se debería haber premiado a quien ejecuta planes de prevención”, agrega Sappia.

Layus opina que luego de la ley, y como consecuencia de la crisis, entre las ART hubo una competencia por tarifas que se tradujo en menores exigencias a los empleadores desde algunas aseguradoras no líderes, lo cual deriva en mayores siniestros. Desde la Uart, por el contrario, sostienen que la supervisión de las ART (por parte de la SRT y de la Superintendencia de Seguros de la Nación) es tal, que esto no se permite.

Motivos para reclamar

La instancia judicial se produce, básicamente porque el trabajador que sufre un siniestro no está conforme con el monto de la indemnización o porque no se le reconoce la enfermedad laboral o el porcentaje de incapacidad.

Con la nueva ley, se pretendía que, al incrementar los montos de las indemnizaciones y al definir las enfermedades en un listado, con una tabla (baremo) para calcular la incapacidad, los juicios iban a disminuir, cosa que no sucedió. Por el contrario, en 2013 se prevé un crecimiento de las acciones judiciales iniciadas del 25 por ciento respecto a 2012, un ritmo superior al aumento de años anteriores (ver gráfico).

En el promedio del país, hay 93 juicios iniciados cada 10 mil trabajadores cubiertos. Córdoba es la tercera provincia con la litigiosidad más alta, con 156 demandas.

Si bien se dejó de lado la doble vía (la posibilidad de cobrar la indemnización de la ART y, además, reclamar en la Justicia una reparación civil), el empleado puede optar. Aun cuando la mayor parte elige la reparación de la ART, los juicios siguen.

“Persiste el reclamo dirigido a las ART con el objetivo de lograr una mayor prestación aún. El papel de la Justicia es clave, cuanto más uniformes sean los criterios, menor será la incertidumbre y controversia, y menor la litigiosidad”, sostiene Mara Bettiol, presidenta de la Uart.

Carlos Casto, consejero del Grupo Sancor Seguros sostiene que así no se puede definir la cobertura que tienen que dar y se tienen que cobrar costos cada vez más altos.

Por su parte, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, fue muy duro con las ART (ver página 3 ). “Son unas de las grandes responsables del aumento de la litigiosidad. Se hizo una auditoría y la calidad de la defensa de las ART en los juicios no nos conforma. En lugar de exigir a la Justicia que se cumpla el baremo, se acepta el juicio y le trasladan ese costo al empleador subiendo la alícuota a la empresa”, dice.

Agrega que hay ART que cobran mucho y dan malas prestaciones. “Estamos analizando el posible cierre de algunas por la cantidad de denuncias en su contra”, dice.

A un año de las modificaciones, la nueva norma no parece conformar a ninguna parte, sólo al Gobierno nacional. Las empresas pagan más, los trabajadores no reciben la cobertura pretendida pese a la suba de los montos y las aseguradoras se quejan de la judicialización. La reglamentación de la ley que prepara el Gobierno será clave para determinar si finalmente los trabajadores gozarán o no de más seguridad.

La nueva ley

Eliminación de la doble vía. La nueva ley, de octubre de 2012, permite al trabajador ejercer la opción entre recibir la prestación dineraria de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o reclamar en la justicia civil el resarcimiento por un accidente o enfermedad laboral. Las alternativas son excluyentes entre sí.

Indemnizaciones. Se elimina la renta periódica y se establece la modalidad de pago único. Se incrementaron (en promedio 40%) las prestaciones dinerarias: ligadas al salario, adicionales y pisos prestacionales. Se incorpora la prestación adicional del 20% para cubrir otros daños (reparación integral, incluye el “daño moral”). Se pagan a los 15 días.

Actualización. Los pisos de las prestaciones dinerarias y los adicionales se actualizan en forma semestral por el Ripte (“Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables”).

Cobertura. Se actualizaron las enfermedades cubiertas por el sistema de riesgos del trabajo con un listado. Se implementó el baremo (tabla de cálculo). Se mantiene la diferenciación de los accidentes “in itinere” (en el camino al trabajo).

Comisiones. Se puso un límite a las comisiones de los intermediarios (productores de seguros). 

Alícuotas. Se implementa un mayor control por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). 

28. Son las ART en el país. Dan cobertura a unos nueve millones de trabajadores. Las ocho más grandes concentran más del 75%. 

3,12%. Es la cuota promedio (junio de 2013) como porcentaje de los salarios brutos que pagan las empresas. En Córdoba, sube a 4,24%.

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