Técnicamente, el problema legal era la ley menemista de riesgos del trabajo (24.557, de 1996) que creó el régimen de ARTs (aseguradoras de riesgos del trabajo). Esa ley era tan brutalmente propatronal que, además de tasar las vidas y lesiones de los trabajadores a precio de remate, impedía a los damnificados ir a la justicia civil, esto es, tomar otro camino legal que no pasara por el reclamo a su ART sino a su patrón (artículo 39, inciso 1 de la ley).
A tono con los nuevos tiempos, la Corte Suprema, en 2004, decretó la inconstitucionalidad de ese artículo y abrió la posibilidad de recurrir a la vía civil. La inconstitucionalidad se argumentó así: la reparación que corresponde al trabajador debe ser integral, es decir, no sólo la asistencia médica, los días caídos y los daños físicos, sino todo otro daño que surgiera del accidente. Además, la eximición de responsabilidad civil al empleador, lo bajo de las indemnizaciones y la eliminación de los aspectos psíquico y moral (además de puntos físicos que la ley no cubría) constituían una desprotección tan alevosa que la Corte “progre” no pudo menos que tirarla abajo.
La “doble vía”, un dolor de cabeza para los empresarios
Á‰ste fue el comienzo de la llamada “doble vía”, es decir, la posibilidad del trabajador de, a la vez que recibía una (en general magra) compensación por el accidente de trabajo, hacer un juicio civil contra el empleador (no contra la ART). La patronal no tardó en poner el grito en el cielo por lo que llamó “la industria del juicio”, y durante años y años clamó por una solución. Hasta que Cristina oyó sus ruegos y le sirvió en bandeja el actual proyecto de ley.
¿En qué consiste el núcleo de la nueva ley? Dicho rapidito: elimina la doble vía a cambio de subir un poco las indemnizaciones de las ARTs. La avalancha de plácemes y vítores de parte de la burguesía, en particular la industrial, fue apabullante. José Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA, habló por toda la patronal cuando manifestó que el proyecto de reforma de la ley de Riesgos del Trabajo elaborado por el Poder Ejecutivo “le pone punto final a la industria del juicio” y permitirá que “las pymes sigan produciendo y generando mano de obra en un marco de previsibilidad” (El Cronista Comercial, 24-9).
Los representantes políticos de la burguesía, incluso en pleno fragor de sus andanadas anti K, motorizadas por las cacerolas gorilas, se permitieron coincidir con “el espíritu y el concepto de la ley” (como dijo el senador de la UCR Alfredo Martínez), aunque para guardar las formas no lo votarán. Sucede que la ley es más de la patronal que del kirchnerismo. Una vez más, fue De Mendiguren quien lo admitió con llamativa franqueza: “Tuve la oportunidad de expresarle a la Presidenta la necesidad de encontrar un equilibrio en la nueva normativa y se avanzó en esa dirección, para beneficio de todos los actores y una derrota para quienes apuestan a la industria del juicio” (El Cronista Comercial, 24-9).
Una zanahoria un poco más gorda”¦ y con trampa
El superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, define con perfección y claridad el sentido de la nueva ley: “El núcleo de esta ley es que la indemnización sea buena. La idea es que el sistema administrativo [el de las ART. MY] le ofrezca una indemnización tan buena que el trabajador no tenga que ir a la vía judicial“ (BAE, 2-10).
Esa indemnización “tan buena” ofrece los siguientes nuevos atractivos. Primero, el monto: el piso de indemnización por muerte pasa de 180.000 pesos a 383.000, como resultado de la aplicación de un coeficiente de actualización (RIPTE) que se ajustará cada seis meses. A eso se le agrega un plus de un 20% por “otros daños” (incluido el daño moral), con lo que el nuevo piso pasa a ser de 460.000 pesos. Los porcentajes de incapacidad se calculan desde esta cifra. Segundo, se cobra antes: se agiliza el trámite administrativo, de modo que el trabajador (o sus deudos) reciban en quince días la indemnización tarifada. Punto, fin de la zanahoria.
A cambio de esto, el trabajador renuncia expresamente a recurrir a la justicia civil. Lo que cobre de la ART será el total que va a percibir: eso es el fin de la doble vía.
A primera vista, parece una mejora sustancial respecto del sistema anterior, que pagaba migajas en la ART y obligaba a un largo juicio civil, que se cobraba años después y de cuyo monto los abogados, peritos, etc. Se quedaban con un 30, 40 y hasta 50 por ciento. Pero hay varias trampas de corto y largo plazo.
La primera es que la vía civil, aunque larga y burocrática, permitía una reparación más real del verdadero daño. Lo que enloquecía a la patronal es que cada juzgado tenía sus propios criterios para estimar los daños, de modo que una indemnización por muerte podía ir de 200.000 pesos a 5 millones. Justamente, esta “incertidumbre” es lo que busca resolver la nueva ley. Como explica González Gaviola, “como la tabla de medición de lesiones estaba hecha por decreto, no se la consideraba obligatoria”, y los jueces fallaban como les parecía; ahora, “según la nueva legislación, es obligatorio el uso del baremo [tabla sistemática de daños y lesiones, con su respectiva indemnización. MY] para que en todos lados se mida igual“ (BAE, 2-10).
Esta nivelación de las indemnizaciones (que, respecto de las ART actuales, serán más altas, pero respecto de los fallos civiles, serán más bajas) es lo que la patronal agradece como “previsibilidad“. Dicho rápidamente: la patronal pagará tarifas de ART más caras (ya que la indemnización que pagarán las ART es mayor), pero se ahorrará una fortuna en juicios y abogados.
Lo de “fortuna” está cuantificado: según De Mendiguren, “desde hace ocho años veníamos sin poder encontrar una solución a un problema que fue generando más de 80.000 causas judiciales, por un valor mayor a los 2.000 millones de dólares, con costos iniciales y gastos por 800 millones de dólares” (El Cronista Comercial, 24-9). Y el aumento de tarifa de ART para los patrones rondará, según el gobierno, el 20%. ¡Bien barato se sacan el problema de encima! ¡No extraña tanta algarabía en la UIA!
Porque ahora los juicios vendrán en cuentagotas, ya que ¿cuántos trabajadores van a poder darse el lujo de rechazar una indemnización mejorada y a cobrar en dos semanas, para arriesgarse a esperar años en la justicia civil por un monto mayor? Y recordemos: el que agarra la plata, firma que renuncia al juicio civil.
El trabajador accidentado tendrá entonces una pistola en la cabeza: agarre la plata ya y no moleste más, o coma perejil hasta que gane el juicio, porque no recibirá un solo centavo mientras tanto.
A este chantaje se suma una trampa con la indemnización. El piso se multiplica por 2,5 (un 155%), como vimos. Pero el propio Ministerio de Trabajo estima que la mejora en las indemnizaciones por discapacidad aumentarán, en promedio, sólo un 43 por ciento (La Nación, 21-9). ¿Por qué la diferencia? Porque “no cambia la fórmula de cálculo de la prestación, sino el monto mínimo asegurado en cada caso. Por ese motivo, el impacto será mayor en los sueldos más bajos. Según ejemplos dados por la cartera laboral, en el caso de un trabajador con un salario de $5.600, que sufre una incapacidad del 30% por un accidente a los 56 años, la prestación quedaría incrementada en un 66 por ciento. Si el sueldo es de $8.400 y la incapacidad del 65% a los 30 años de edad, la indemnización tendría una mejora del 26 por ciento“ respecto del sistema actual (Silvia Stang, La Nación, 21-9).
Como se ve, el crecimiento de la zanahoria amengua de manera alarmante cuanto mayor es el salario e incapacidad. Exactamente lo que querían las empresas industriales, donde los sueldos son en promedio más altos y los accidentes más incapacitantes.
La otra trampa está en la actualización del piso. El mecanismo actual es mejor que lo que había”¦ y casi igual al esquema de los jubilados: dos actualizaciones anuales. La pregunta es: ¿qué garantía hay de que el piso, que hoy se elevó bastante, no vuelva a bajar con el transcurrir del tiempo, a medida que los ajustes queden por detrás de la inflación (como pasó, justamente, con las jubilaciones)? La respuesta es simple: ninguna. Y en ese caso, los trabajadores habrán resignado un derecho que hoy tienen (recurrir a la vía civil) a cambio de dinero en efectivo, que parece mucho hoy pero dentro de unos años tal vez sean migajas. Aquí, el criterio es el clásico de cualquier paritaria: jamás entregar derechos o condiciones de trabajo por salario (en este caso, monto indemnizatorio), que hoy se disfruta y mañana se lo comió la inflación. Porque el trabajador se queda sin el pan y sin la torta.
Burocracia y patronal: “Nada como ir juntos a la par”¦”
La frutilla del postre es que a la burocracia sindical se le abre la puerta para participar del negocio. Por decreto, se habilitará la posibilidad de crear ART Mutuas, asociaciones sin fines de lucro entre empresas y sindicatos. Formalmente, tendrán el mismo régimen de responsabilidades que las ART privadas, pero “al establecerse por actividad, tienen la ventaja de contar con la especialización en la prevención sobre los riesgos específicos para ese trabajo. De esta forma, se estima que se podrían reducir los costos en un 10% al menos” (BAE, 20-9). Cristina sostuvo que “va a mejorar los costos y la competitividad de la economía. Recursos que se trasladaban fuera de la actividad pueden volcarse al sector interesado, que es el que produce, el que trabaja y el que pone el capital, una asociación bastante peronista“ (ídem).
¡Vaya si es “una asociación bastante peronista”! En primer lugar, obsérvese que tanto empresarios como gobierno, hablando de una entidad de prevención de riesgos del trabajo, sólo se refieren a “los costos” y “la competitividad”. ¡Ni una palabra sobre aumentar la prevención y bajar la siniestralidad, es decir, ahorrar vidas, lesiones y sufrimiento para los trabajadores! Y quedó a la vista cuál va a ser el mecanismo para “ahorrar costos”: según el decreto de creación de las ART Mutuas, los accidentados se atenderán en las obras sociales”¦ y los hospitales públicos.
Desde ya, las primeras anotadas en el nuevo negocio (lo de “sin fines de lucro” tomémoslo con humor; después de todo, las obras sociales también son “sin fines de lucro” y constituyen la fuente central de los privilegios de la burocracia) son la UOM y la UOCRA. Es decir, dos de los gremios con mayor cantidad de accidentes, tanto en términos absolutos como relativos. Por supuesto, el objetivo de los burócratas sindicales es morder una tajada gorda de las nuevas ART, en alegre asociación con los patrones; los obreros, que pongan los accidentados, base de las ganancias de este negocio siniestro “sin fines de lucro”.
Salvo el FAP, que propuso en el Senado la creación de un “banco público no estatal” (?), nadie de la oposición patronal cuestionó en nada este infame negocio privado a costa de los obreros argentinos. El kirchnerismo, tan “progresista”, no toca nada del esquema de riesgos del trabajo nacido en los 90 bajo el menemismo. Al revés, lo consolida dándole “previsibilidad” y sustento legal. Lo único “progresista” en este terreno sería eliminar de cuajo el sistema de ART y estatizar la administración de prevención y riesgos del trabajo, bajo control de las organizaciones obreras.
Para un especialista propatronal como Julián de Diego, profesor de la Universidad Católica, “la nueva ley de prevención de riesgos del trabajo es un avance frente al actual caos legal y judicial” (El Cronista Comercial, 26-9). El honorable académico resalta la ventaja de que el nuevo marco legal se ajuste al fallo de la Corte Suprema y sostiene que se trata de “la mejor solución posible“ para el gobierno, las empresas y “la dirigencia sindical”. No así para los trabajadores de a pie, claro.
Motivo adicional es que en la UIA hay fuerte representación de pymes, que salen ganando con esta ley. Además de beneficiarse de lo mismo que el resto de la patronal, la ley impide a las ART cobrar tarifa especial a las pymes, que hoy pagan el doble.
Marcelo Yunes
Fuente: nuevomas
