Una ley promulgada hace 80 años impide a los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York ejercer su derecho se sindicalizarse y organizarse, lo que ha contribuido a la explotación más atroz y la violación de los derechos civiles y laborales, dicen los defensores. Actualmente, la mayoría de los trabajadores que cultivan los campos y viñedos, ordeñan vacas y trillan el trigo en las granjas neoyorquinas son inmigrantes hispanos, y un gran porcentaje de ellos son indígenas.
Aproximadamente 60,000 de los 100,000 trabajadores agrícolas del estado son inmigrantes. En Estados Unidos, el 48% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes indocumentados.
“Trabajamos los siete días, hasta 72 horas a la semana. No tenemos derecho a descanso, pago de horas extra, días de enfermedad, no tenemos derecho a nada”, dijo en una entrevista telefónica Anabel Méndez, una indígena mixteca del estado mexicano de Guerrero, quien ha trabajado por 13 años en la siembra de flores y vegetales, en una granja de Riverhead, Long Island. “Muchos de nosotros aprendimos español aquí, no sabíamos que teníamos derechos, pero ahora si que sabemos y estamos dispuestos a luchar por ellos”.
La ley federal que excluyó a los trabajadores agrícolas de las protecciones laborales más fundamentales, conocida como la Ley Nacional de Relaciones Laborales, fue promulgada en 1935. La legislación es parte de las leyes de Jim Crow, un conjunto de normas estatales y federales promulgadas entre 1876 y 1965, que propugnaban la segregación racial en Estados Unidos.
La frase “Ley de Jim Crow” tiene su origen en un personaje caricaturesco interpretado por un hombre blanco con el rostro pintado de negro, una sátira racista de 1932.
“El Congreso excluyó de las protecciones laborales más fundamentales a los trabajadores agrícolas y empleadas domésticas de la época, porque la mayoría de ellos eran afroamericanos. Ahora, la mayoría de los trabajadores son inmigrantes hispanos que continúan siendo segregados y explotados”, dijo el reverendo Juan Carlos Ruíz, un defensor y organizador de los trabajadores del campo de Long Island.
Contra una ley claramente racista
Los trabajadores agrícolas de la época fueron eximidos por el Congreso para apaciguar a los políticos de los estados del sur, cuyos electores, dueños de finas y granjas, dependían de la fuerza laboral de los afroamericanos. Esas exenciones siguen siendo leyes federales, además, la ley estatal de Nueva York fue modelada según la ley federal y promulgada en 1937.
“¿Nueva York es un estado santuario o no? ¿Por qué una ley claramente racista continúa vigente?”, cuestionó el reverendo Ruíz, que es parte del Centro Alianza, Solidaridad y Acompañamiento (CASA), un grupo que está bajo la sombrilla de la organización Rural Migrant Ministry.
En mayo de 2017, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) interpuso una demanda en la Corte Suprema del estado, en Albany, argumentando que la ley viola la Constitución de Nueva York, la cual otorga a los trabajadores el derecho a sindicato y organización. La querella, presentada en nombre de Crispín Hernández, un trabajador agrícola del norte del estado, fue desestimada esta semana por un juez bajo la consigna de que tales cambios a la ley laboral estatal deberían emanar de la Legislatura.
Y precisamente por eso este miércoles los trabajadores agrícolas se presentaron en la Legislatura, en Albany, para testificar acerca de las condiciones de explotación y “esclavitud moderna” en las granjas y viñedos del estado.
“Somos madres que necesitamos el pago justo por nuestro trabajo, días de descanso para estar con nuestras familias y un lugar de trabajo libre de acoso sexual. Más mujeres están llegando a las granjas y viñedos, y estamos enfrentado un verdadero infierno”, dijo en una entrevista telefónica Yadira Vásquez, quien trabaja por cuatro años en la siembra de árboles en Long Island. “Los legisladores tienen que ver esta realidad, no pueden seguir ignorando la violación de nuestros derechos”.
Interesas de la industria agrícola vs. Derechos laborales
El New York Farm Bureau, un grupo de cabilderos para la industria agrícola, sostiene que el trabajo agrícola es diferente de otras industrias debido a su naturaleza estacional y el cuidado constante que requieren los animales. Eso hace que la organización laboral, al igual que las huelgas, sea insostenible, afirma el grupo.
En mayo del año pasado, cuando NYCLU presentó la demanda, el gobernador Andrew Cuomo dijo que el Estado declinaría debatir los principios y argumentos de la querella y estuvo de acuerdo con los trabajadores en que sus derechos estaban siendo violados inconstitucionalmente.
“(La legislación) desafía la lógica de que el derecho a organizarse sin represalias se otorgaría virtualmente a cada trabajador en el estado de Nueva York, pero excluiría a los trabajadores agrícolas en una violación aparentemente clara de nuestros principios constitucionales“, dijo Cuomo en un comunicado. “Nueva York luchará contra esta injusticia y continuará garantizando los derechos y la protección equitativa de todos los trabajadores”.
Para entonces, Dean Norton, entonces presidente del Farm Bureau, dijo en un comunicado que el derecho a organizarse es una táctica sindical que puede funcionar en un entorno de fábrica, pero no en una granja donde la siembra y recolección de cosechas y el ordeño de las vacas son extremadamente sensibles al tiempo y al clima.
“Que una granja pierda empleados por una retirada intempestiva del trabajo podría poner en peligro la cosecha de una temporada y poner en riesgo la salud del ganado”, sostuvo.
Pero los defensores creen que los derechos civiles y laborales de los trabajadores deben prevalecer más allá de los intereses económicos y de producción de la industria agrícola.
“La violación de los derechos laborales y civiles es inaceptable”, dijo el reverendo Ruíz. “No es posible dar la espalda a los trabajadores y permitir que el abuso continúe ocurriendo”.
David Fisher, el actual presidente del Farm Bureau, citó un estudio de 2016 de la Universidad Cornell basado en una encuesta a 205 trabajadores hispanos y 36 gerentes sobre las condiciones laborales en las granjas lecheras en Nueva York. El reporte afirma que aproximadamente dos quintos de los entrevistados dijeron que sus derechos laborales fueron respetados en sus trabajos, pero los defensores aseguran que la realidad es mucho más cruda.
Por ahora, NYCLU planea apelar la decisión del juez de la Corte Suprema del estado, mientras que los trabajadores continuarán luchando con el apoyo de legisladores como la senadora estatal Marisol Alcántara y la asambleísta Catherine Nolan.
La industria agrícola de Nueva York genera $636 mil millones al año, es el segundo estado con la mayor producción de manzanas y jarabe de arce del país. Entre otros productos, las granjas neoyorquinas también producen lácteos, repollo, uvas y vino.
En contraste con Nueva York, California, que tiene una industria agrícola de $47 mil millones y unos 419,000 trabajadores agrícolas, aprobó un proyecto de ley histórico en 2016 que garantiza a los trabajadores agrícolas el pago de horas extras en 2019. Además, la jornada laboral de 10 horas de los trabajadores se reducirá en media hora cada año a partir de 2019 hasta 2022.
Fuente: eldiariony.com
