29 de marzo de 2024

Algarrobal Viejo: una triste realidad

Nuestro País cuenta con una superficie de 2.766.890 Km2 y una población de 39.540.000 habitantes. Es el octavo País más grande y el número 200 más poblado (14 habitantes por Km2.). Esto supone la existencia de importantes bienes ambientales permeables a capitales nacionales y extranjeros que consideran a estas extensiones meras mercancías de cambio.

Algarrobal Viejo -ubicado en una zona boscosa entre el límite de Santiago del Estero y Salta- es un ejemplo claro de esta situación. Este precioso paraje que representa una importante reserva de flora y fauna autóctona y  permite la subsistencia a sus pobladores, se ve amenazado por las topadoras de una minoría que se beneficiará en desmedro de un patrimonio ambiental común, la vida de miles de animales, árboles e incluso de las personas que allí habitan.

No contamos aún con una legislación clara que tienda a salvaguardar patrimonios ambientales a pesar de los numerosos estudios que existen sobre la inminente necesidad de preservar la naturaleza, tratando de detener el recalentamiento global y la contaminación.
Hoy es perfectamente posible desmontar reservas naturales para iniciar explotaciones agropecuarias o adquirir grandes cantidades de tierra para ser utilizadas sin ninguna restricción y precaución: una  hectárea de suelo productivo en la Unión Europea cuesta promedio 25.000 dólares estadounidenses, en Japón y Estados Unidos hasta 270.000 dólares y en nuestra Argentina sólo entre 1.800 y 3.000 dólares.

En Misiones entre los años 1998 y 2002  la deforestación fue de 67.233 hectáreas -tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires-; en Formosa de 19.977 hectáreas; y en Santiago del Estero de 306.055 hectáreas (15 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires).

En Salta la tasa anual de deforestación es equivalente a diez veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto la Ley destinada a establecer "presupuestos mínimos", es decir, criterios básicos para la explotación de los recursos naturales y ordenamiento territorial que defina las condiciones de nuestros bosques y las actividades productivas que pueden ser realizadas para conjugar rentabilidad con preservación, continúa sin ser sancionada.

Será tal vez que aún no reconocemos que la tierra es un bien social que debe utilizarse razonablemente, y que ningún titulo de propiedad habilita para olvidar que éste como el resto de los recursos naturales: agua, minerales, petróleo no nos pertenece sólo a nosotros sino que también son de las generaciones futuras.

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