Al sancionar la llamada "ley de bosques", que originalmente fue impulsada en la Cámara Baja por el diputado Miguel Bonasso, los diputados aceptaron las modificaciones introducidas por el Senado que integra un modo de compensar económicamente a las provincias que se vean afectadas por las medidas que fije la norma.
El beneficio, que será constituido en un Fondo, destrabó el tratamiento en la Cámara Alta, ante la férrea oposición que mantenían provincias del noroeste del país.
Activa participación tuvo la Organización Green Peace, que desde hace un largo tiempo se dedicó a concienciar sobre el tema de que se pierden 300.000 hectáreas de bosque nativo por año, una hectárea cada dos minutos.
También numerosas organizaciones de todo el país trabajaron para que se establezca una moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un Ordenamiento Territorial de los bosques nativos, para planificar un uso sustentable de los mismos.
La deforestación alentada por el avance descontrolado de la agricultura y la ganadería provoca la pérdida de especies en peligro, desertificación, inundaciones y el desalojo de comunidades campesinas e indígenas.