11 de diciembre de 2019

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El amianto: una batalla a golpe de sentencias

El amianto está prohibido en España desde diciembre de 2001. Sin embargo, casi dos décadas después sigue cobrándose víctimas. En Aragón, desde 1999 hasta 2016 suman 210 las muertes atribuibles al mesioteloma maligno, un tumor con rápida mortandad causado por haber estado trabajando con el amianto. “El problema es que muchas de estas muertes no se declaran. Por ejemplo, de 2009 a 2013 en la Comunidad se han contabilizado 57 y, sin embargo, en el sistema para la comunicación y registro de enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo (Cepros) solo aparecen 4, lo que demuestra la debilidad del sistema de información que tenemos en España”, asegura Luis Gascón, jefe del servicio de Promoción de la Salud del Gobierno de Aragón.

Hay que mejorar mucho la metodología“, reconoce. “El largo periodo de latencia de la enfermedad hace muy complicado establecer relaciones de causalidad con la exposición al amianto”, añade. Desde 2010 existe Pivistea, un programa de vigilancia de la salud de trabajadores expuestos al amianto y postexpuestos no activos. Se ha enviado carta de inclusión a 2.245 en Aragón con el resultado de que 1.099 acabaron el examen de salud en primera ronda (la segunda comenzó en 2017) y de ellos el 65% salió sin patología y sí se detectaron tumores relacionados con amianto en 19 casos. Aunque el registro de empleados expuestos esté en permanente actualización, “se declara muy poca patología para la que existe y sigue habiendo un recorrido de mejora importante en nuestro país”, alerta Luis Gascón.

La detección precoz es fundamental“, asegura Luis Clarimón, secretario de salud laboral de CC. OO. Aragón. “Las últimas sentencias han demostrado que cualquiera que haya trabajando en talleres arreglando zapatas de freno y respirando polvo del amianto ha estado expuesto y, por tanto, debería someterse a vigilancia“. Sin embargo, algunos la rechazan.

La abogada Susana Tirado explica que para un trabajador no es fácil porque “saben que cuando les diagnostican un mesotelioma maligno les quedan pocos meses de vida y se sienten muy desamparados“. Por eso cree vital establecer un protocolo de actuación común para evitar que solo a golpe de sentencias se consiga hacer justicia. Crear en España un fondo de compensación para las víctimas ayudaría, pero con la disolución de las Cortes se ha quedado en vía muerta. Prácticamente estaba acordada, el 21 de febrero, la propuesta de ley impulsada por el Parlamento vasco, recuerda José Rodríguez Valdés, de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de CC. OO. “Hemos trabajado mucho por conseguirlo, pero se ha parado pese a tener 60.000 trabajadores en España en el programa de vigilancia de la salud por exposición al amianto“, dice

Otro problema, añade Clarimón, es la falta de un inventario de edificios en Aragón con amianto y que no haya ni obligatoriedad ni fecha límite para desamiantarlos. En enero, la Fundación Ibercivis, CC. OO. y la DGA presentaron la aplicación ‘Stopamianto’ para configurar dicho mapa, pero queda mucho por hacer. “Tenemos que convivir con el amianto“, asegura Natividad Badules, de Higiene Industrial del Instituto de Seguridad y Salud de Aragón (Issla). “Lo que necesitaríamos es que hubiera más subvenciones porque es caro retirarlo”, añade Mª José García-Gutiérrez, jefa de Seguridad e Higiene del Issla, y miembro de la Comisión Nacional de Amianto.

Pese a que hay 141 empresas inscritas en el RERA (Registro de empresas con riesgo de amianto) “a las que supervisamos los planes de trabajo“, añade García-Gutiérrez, el riesgo no está tanto en ellas como en “muchísimo trabajo de mantenimiento que hacen fontaneros o electricistas contratados para poner una antena o un aparato de aire acondicionado en naves con amianto en sus cubiertas y que desconocen los riesgos”.

El director del Issla, Antonio Barrachina, aplaude el Decreto ley que incluye a los autónomos en la cobertura de contingencias profesionales. “En Aragón puede haber en torno a 90.000 que van a tener a partir de ahora una protección añadida (hasta ahora era voluntaria) y que podrán declarar la enfermedad profesional a efectos de amianto“, señala. Además, dice, “habría que incrementar los controles de productos importados a través de terceros países donde no está prohibido y vigilar que no llegue a las empresas españolas”.

Hacen falta más recursos y que se ponga en marcha la red de médicos centinela que en atención primaria puedan detectar patologías laborales como esta“, concluye Clarimón, de CC. OO., que critica que la Seguridad Social tenga que hacerse cargo de muchas enfermedades profesionales que deberían asumir las mutuas, precisamente por esta falta de detección e infradeclaración de las mismas.

Fuente: heraldo.es

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