24 de febrero de 2019

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Las asignaturas pendientes para las ART

Carlos Prósperi, un experimentado abogado especializado en empresas, tiene como cliente a una pyme que fabrica útiles escolares, manejada por un padre y sus dos hijos. Un trabajador tuvo un infarto en 2006 -que no es una enfermedad propia del trabajo, precisa- y demandó al empleador por la módica suma de $ 819.000.

El juicio ya lleva cinco años. “En el supuesto caso que le hagan lugar al reclamo del monto, hay que agregarles los intereses que, en el fuero laboral, surgen de la Tasa Activa del Banco Nación, mientras que en el Civil se calculan por la Pasiva, que fluctúan entre el 4% y el 6% mensual, con lo cual todo se va al doble o al triple, más las costas de los abogados que parten del 20%. Todo eso, sin sumar los peritos, las tasas de justicia y los propios abogados de la empresa. Esa compañía no lo va a poder pagar: cierra o va a la quiebra, con lo cual esa fuente de trabajo desaparece”, completa Prosperi.

A un año de la sanción del Decreto 472/2014 que reglamentó la ley 26.773, se avanzó en la prevención de los accidentes de trabajo, su cobertura y la calidad de las prestaciones. Sin embargo, los actores vinculados al sector no están del todo tranquilos.

Más juicios

La litigiosidad no paró de crecer en los últimos meses, incrementando los costos de todo el sistema. Los números de 2015 revelan un incremento del 30% en la cantidad de juicios iniciados y el stock de demandas acumuladas supera las 250.000. El 40% de las demandas se originan en la Ciudad de Buenos Aires. En la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que preside Mara Bettiol, afirman que esto se debe, en parte, a que la tasa en la segunda instancia de apelación ronda el 36%.

Las mejoras y correcciones introducidas al sistema en la reforma de octubre de 2012, aunque significativas, no lograron detener la andada de demandas redireccionadas ahora desde los empleadores a las aseguradoras, según afirman fuentes del mercado.

Estas, más allá de defenderse en los ámbitos correspondientes, iniciaron una campaña de esclarecimiento e información que hace foco en empleadores, trabajadores, prestadores médicos y miembros del poder judicial.
Algunos creen que los nuevos aires políticos que soplan podrán disipar las nubes ominosas. Esperan, en tanto, algún fallo de Corte que ordene la “anarquía judicial” que existe, asimilando las sentencias a los parámetros que fija la propia Ley de Riesgos de Trabajo: que se respete el Baremo de incapacidades, el listado de enfermedades a cubrir, las fechas a partir de las cuales se actualizan los montos, y la aplicación del 20% solo a accidentes ocurridos en el trabajo y no in itinere.

Alcance

Operativamente, el sistema alcanzó un record de trabajadores cubiertos de casi 10 millones; incorporó nuevos colectivos laborales, como los 350.000 empleados de hogares particulares, e incluyó nuevas patologías al listado de enfermedades profesionales.

Cuenta, además, con 23 comisiones cuatripartitas de prevención para acordar buenas prácticas o implementar programas para operar conjuntamente en la disminución de los accidentes, y bajó, asimismo, los índices de siniestralidad en un 30% y los de mortalidad, un 68%, según describen orgullosos en UART.

En la práctica, efectivamente, se observa un incremento en las reparaciones dentro del sistema y una consecuente disminución de los reclamos con fundamento en la ley general, que antes era el Código Civil y ahora, Código Civil y Comercial, explica Emilio Romualdi, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Kennedy (UK). Sin embargo, a pesar de ello, el negocio de las ARTs atraviesa una etapa muy difícil.

“La judicialización, lejos de reducirse, creció y sigue en aumento. Hay cada vez más reclamos por indemnización por incapacidad, y más juicios a las ARTs, y sigue el problema del procedimiento administrativo: se cobra por esta vía y también se demanda a la ART”, dice Roy Humphreys, gerente General de Experta ART, la nueva identidad de la compañía aseguradora de riesgo de trabajo de La Caja ART, tras la adquisición de QBE ART.

Con este estado de cosas, el ejecutivo afirma: “Pierde el trabajador que cobra tarde y mal; pierde el Estado, que tiene que poner a funcionar al sistema judicial; pierden las compañías que ven prolongarse situaciones de conflictividad y, además, se le incrementan los costos; y pierden las aseguradoras de riesgo de trabajo que manejamos pasivos indefinidos durante mucho tiempo. Todo, por un grupo de abogados que lucran con las lagunas del sistema”, señala.

Las demandas judiciales hoy atentan contra las posibilidades de expansión y crecimiento de las ART y de las empresas que, aún con las acciones por responsabilidad civil frenadas por la reforma del año 2012, deben afrontar fuertes reclamos indemnizatorios, que alarman a los actores del sistema, por los sobrecostos que se suman en las primas de seguros que deben abonar las empresas”, asegura Hugo d’Ubaldo, director de la licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad Kennedy.

En perspectiva

“Es difícil hacer una evaluación habiendo pasado tan poco tiempo”, afirma el abogado Glauco Marqués, del estudio Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados. “El objetivo original -dar seguridad jurídica a las empresas en relación a los riesgos del trabajo y frenar la ‘industria del juicio’ por accidentes o enfermedades laborales- se cumplió, hasta que el sistema se desmadró, y empezó a pasarse para el otro lado. A partir de las líneas políticas bajadas desde el Poder Ejecutivo, los jueces comenzaron a tirar la ley abajo, declarando la inconstitucionalidad de varios de sus artículos fundamentales, lo que provocó que, casi una década después de ese movimiento jurisprudencial que desacreditaba la LRT vigente, se dictaron normas que modificaron la ley anterior, sin que la profundidad de esos cambios pudiera modificar mucho los problemas que ya tenía la LRT original”, agrega el especialista.

“Por el bien de los trabajadores, es necesario solucionarlo”, sostiene el ejecutivo de Experta ART. ¿Cómo se puede hacer? “Fortaleciendo el sistema administrativo y, a la vez, eliminando los incentivos a judicializar reclamos que pueden ser atendidos de manera mucho más eficiente por las ARTs, ya sea por montos como por tiempos, y con las garantías que requiere el trabajador”, indica Humphreys.

A su entender, la Justicia debe respaldar el sistema mejorando el sistema pericial médico, eligiendo mejor a los profesionales y remunerándolos de modo independiente al resultado del juicio. “Es fundamental respetar la vigencia de las normas evitando su aplicación retroactiva, aplicar los ajustes de actualización de manera correcta y fijar tasas de interés razonables. De lo contrario, se seguirá lucrando con la industria del juicio y desfinanciando un sistema que hoy cuenta con altos índices de aprobación y funcionamiento por todos los actores que lo conforman”, sostiene el ejecutivo.

Por su parte, Romualdi considera que “todavía” el escenario judicial es complejo. “Por un lado, por las diversas interpretaciones que se han dado por un lado a la vigencia temporal de la nueva ley – hay mucha discusión sobre si se aplica a contingencias anteriores a su sanción- y por el otro, en cuanto a la aplicación del denominado Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Se discute si este coeficiente es un índice de corrección de las fórmulas o sólo de actualización de los montos mínimos de reparación y de las prestaciones de pago único. La dispersión de pronunciamientos judiciales hace que este sea un tema que requerirá de un cierto tiempo para lograr una cierta homogeneidad en las resoluciones de los tribunales”, precisa.

“Hoy los juicios, son ‘la’” variable a considerar a la hora de analizar la suscripción de un nuevo negocio o la resuscripción de uno vigente”, afirma Ariel Gibaja, gerente de Riesgos del Trabajo de Aon Hewitt. Entre el incremento de la judicialidad y la insuficiencia de los aumentos de tarifa que venían realizando las ARTs, el grueso de las aseguradoras se encuentra con una política de incremento de alícuotas que varía según la estrategia o necesidad. “Es evidente que el rendimiento financiero que anteriormente les generaba la diferencia para buscar la rentabilidad esperada por el accionista, ya no parece ser suficiente”, señala.

Cuestión de precios

El traslado de estos incrementos a las empresas es una tarea delicada, especialmente si se tiene en cuenta que ciertas industrias evidencian algún tipo de recesión. A los porcentajes de incrementos propuestos por las ART, hay que agregarles las subas salariales de las paritarias.

“Por eso, no es menor el reclamo que muchos clientes y brokers hacemos sobre las aseguradoras. Hay que analizar la rentabilidad de la cada cliente antes de proponer el traslado a precios de los incrementos”, sostiene Gibaja.

A su entender, es fundamental generar un trabajo en conjunto entre ART, cliente y bróker, comprendiendo las realidades de la cultura, el sindicato y las políticas preventivas y de Recursos Humanos de cada empresa, además de la zona geográfica o el mercado en el cual se desarrolla. “Todas esas variables deben ser evaluadas para buscar una alternativa que no termine siempre en un aumento como única opción”, afirma. ¿Cambiará algo después del 10 de diciembre? Los consultados quieren creer que sí.

“Siempre los nuevos aires políticos provocan en los Jueces ‘espacios de reflexión’sobre lo que pensaban hace muy poco tiempo atrás. Ejemplos sobran. La Justicia laboral no está ajena a estos vaivenes. Sería muy interesante que lo que cambie no sea tanto la visión de los Jueces sobre determinados temas dependiendo del color político que ejerce el ejecutivo, sino la forma de elección y control de los mismos Jueces. Siempre pensé que esta sociedad se arregla sólo a partir del Poder Judicial y del ejercicio probo e independiente de la Justicia. Lo Justo no cambia porque cambia un Gobierno. Algunos jueces parecen verlo distinto. No será fácil”, agrega Marqués.

Por su parte, recientemente, Bettiol afirmó: “Es un sistema que tiene todos los elementos que lo posicionan como el mejor de nuestra historia y uno de los mejores del mundo, en cuanto a desempeño en materia de prevención, prestaciones y cobertura. Entendemos que no se requieren más cambios. Sí demanda una urgente mirada atenta y equilibrada de la Justicia”. Desde la UART, afirman que seguirán trabajando en sostener calidad de cobertura para los trabajadores, aunque la solución definitiva y de fondo está en manos del Poder Judicial. “Es imperativa la unificación de criterios y aplicación adecuada de la ley por parte de las instancias judiciales superiores para evitar mayores sobrecostos sobre el sector productivo”, agrega

Fuente: cronista.com

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