21 de septiembre de 2019

Nuevo orden mundial, mineras, contaminación, deuda externa y universidades

La estrategia de las multinacionales es clara y evidente: acallar voces críticas, comprar estudios “científicos” favorables, orientar investigaciones acordes a sus intereses; chantaje e intensificar un discurso que fabrique un pseudo consenso social y político prominero, prosojero y proendeudamiento externo.

Así, mientras articulan y desarrollan esta macabra ingeniería expoliadora de nuestros recursos y colonizadora de nuestra conciencia nacional, nos siguen endeudando, saqueando y contaminando con cianuro, acido sulfúrico, glifosato, endosulfán y demás químicos venenosos.

Una vergüenza nacional, una indignidad política e ideológica que la universidad pública argentina no puede legitimar a cambio de unas pocas pepitas de oro sucio que ingresan a su flaco y consumido presupuesto.

Muchos minerales que se llevan al exterior mediante una simple declaración jurada y sin control estatal, son esenciales en el sostén y desarrollo del mal llamado “primer mundo”, algunos sirven para la industria del armamento moderno, otros son simplemente artículos suntuarios que engrosan las arcas de una élite parasitaria global. Hay otras riquezas naturales: hidrocarburos, agua dulce, tierras fértiles, bosques, fauna itícola, etc. que poco a poco se van agotando, y de continuar esta dinámica depredadora pronto escasearán en los países desarrollados y derrochones. Por eso las empresas multinacionales, entre ellas las mineras, están en estos pagos. Buscan llevarse de aquí lo que reservan y protegen allá.

Hay numerosas organizaciones trasnacionales y planes globales que las grandes potencias han pergeñado para despojar de sus recursos naturales y materias primas a distintos pueblos del planeta. Entre estas regiones en disputa está Latinoamérica. Para la comarca sudamericana este nuevo paradigma mundial despliega su estrategia mediante la Iniciativa para la Integración de Infraestructura de la Región Sudamericana (IIRSA). Este emprendimiento requiere necesariamente de la connivencia político empresaria, de seguridad jurídica (llámese leyes y justicia funcionales) y de pueblos desinformados, desmovilizados y fragmentados.

Y la historia se repite… En la estrategia imperialista nuevamente se manifiesta la necesidad de promover un nuevo plan de endeudamiento externo sudamericano.

En el caso de la mega-minería a cielo abierto, este endeudamiento público se da través de la infraestructura que necesitan estas corporaciones privadas para realizar la exploración, la explotación y el transporte de minerales. De esta manera los argentinos tendremos que hacernos cargo de proyectos faraónicos en materia de comunicación, transporte y energía, por citar sólo los principales.

Asumiremos el costo de caminos, puentes y puertos por donde transitarán las materias primas y minerales que se llevarán del país. Tomaremos deuda para la construcción de embalses, diques, centrales hidroeléctricas, acueductos, gasoductos y oleoductos para que no les falte la gran cantidad de energía que emplean estas empresas multinacionales atraídas por la oportunidad de riqueza fácil y rápida que representa Argentina. También deberemos poner a disposición nuestros ríos, arroyos, lagos, acuíferos y demás cuencas para que estas empresas extractivas la despilfarren y contaminen.

El verso será el de siempre: que vendrán nuevas empresas e inversiones, que traerán trabajo y bienestar, que aportarán al desarrollo de la economía nacional, que significará progreso social, que posibilitará una mayor calidad de vida, etc., etc.

La misma mentira organizada que, como tantas otras, con los años saldrá a la luz. Para entonces estaremos más pobres, más tristes, más despojados, más sometidos y con una deuda externa odiosa tan monumental como los cráteres que dejarán estas mineras en nuestras montañas andinas.

Leyes concebidas para el saqueo y la muerte

La actividad minera no se desreguló a inicios de la década de los ‘90, quizá es más correcto hablar de reregulación y readecuación de leyes y normas en función de los requerimientos de las grandes empresas multinacionales del sector. El Banco Mundial es una de las instituciones que puede reclamar la propiedad intelectual a los legisladores nacionales que firmaron los despachos de comisión durante esos años.

En 1993 se promulgó la ley de inversión minera Nº 24.196, a la que le sucedieron una larga ristra de leyes complementarias y decretos reglamentarios que sirvieron de zanahoria para la radicación de emporios mineros internacionales.

Las leyes vigentes son: Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196 /93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de Reorganización Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 24.228/93; Régimen de Financiamiento del IVA, Ley Nº 24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería Nº 24.498 /95; Ley de Protección Ambiental Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras Nº 25.429/01. (Fuente Fernando Solanas/Grupo MORENO. Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora).

La resultante de esta arquitectura legal raya el absurdo, la tragedia y la maldición: nos despojan de nuestros metales y minerales, nos contaminan y asesinan lentamente y nosotros les pagamos para que lo hagan. Los privilegios que ofrece nuestra legislación se traducen en exenciones de todo tipo: No pagan impuesto a las ganancias ni a las ganancias mínimas presuntas. No pagan el IVA a las exportaciones que realizan. Tampoco tributan impuestos a los activos ni a la ley de sellos. Están eximidos de pagar derechos de importación de equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación. Están autorizados a descargar de ganancias los gastos de exploración.

Sólo dejan un 3% de regalías en la provincia donde se encuentra el yacimiento. Este valor se calcula de lo que extraen a “boca de mina” (sin ningún valor agregado). Vale comentar que son las propias empresas las que mediante declaración jurada manifiestan qué tipo y qué cantidad de minerales y metales se extirpan de las entrañas provincianas. Pero la cuestión no culmina aquí. Ese supuesto 3% que deberían abonar y que se reduce aproximadamente a un 1% si le descontamos las exenciones conferidas por leyes, se transforma en un monto insignificante si hacen uso del reintegro adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos. Por si estas prerrogativas legales no resultan suficientes para atraer a las mineras, aún resta mencionar que los emprendimientos gozan de “estabilidad fiscal” durante 30 años a partir del momento en que es aprobado el estudio de factibilidad por la autoridad de aplicación. Lo que significa que durante tres décadas podrán desplegar la actividad con la tranquilidad y la seguridad de que no habrá ninguna normativa que modifique las inmunidades impositivas concedidas.

Con esta normativa nacional (nacional por el alcance pero no por su espíritu y contenido) se les permite a las empresas mineras dejar todas sus ganancias en el exterior, sin tener que ingresar la contrapartida de lo exportado en divisas como lo hacen empresas nacionales, muchas de ellas pequeñas y medianas.

Mientras el latrocinio y la piratería se perpetran, el Congreso Nacional, la AFIP, el Banco Central y demás organismos del Estado (incluidas las universidades), brillan por su presencia y ausencia cómplice al igual que el oro que se llevan.

Por: Sergio Cristani [Graduados – Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER) – Facultad de Ciencias de la Educación]
Fuente:
ElCiudadano.cl

Notas relacionadas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *