23 de octubre de 2019

Modificación de la LRT

Conclusiones de la Ponencia Oficial presentada al – XIII Encuentro del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 22, 23 y 24 de abril de 2010 Necochea en el panel “Daños y perjuicios en el marco del contrato de trabajo: Reformas y modificaciones a la ley 24.557”:

1) Luego de los fuertes y generalizados cuestionamientos que ha tenido la LRT desde su sanción en 1995, el carácter “gatopardista” del DNU 1278/00 y el dictado de los fallos de la Corte Suprema que hicieron colapsar los pilares de la ley, las limitadas y parciales modificaciones del Decreto 1694/09, para la norma que más declaraciones de inconstitucionalidad tuvo -no sólo en la historia del derecho del trabajo, sino de las instituciones jurídicas en general-, se evidencia como una decisión extremadamente limitada.

2) Ha habido algunas mejoras largamente esperadas, con las limitaciones señaladas, como la eliminación de los topes, la instalación de los pisos indemnizatorios, la elevación de los adicionales de pago único, el aseguramiento de la responsabilidad civil y el reajuste y las mejoras de las ILLT e IPP, entre otros.

3) Es cuestionable, sin embargo, la omisión del Decreto respecto de mantener inalterables las indemnizaciones por incapacidad permanente: al no modificar el cómputo del ingreso base, no elevar los cálculos aritméticos; mantener congelado el ingreso base y no ajustarlo a valores constantes ni aplicar a estos casos las mejoras introducidas para las incapacidades temporales y provisorias, a pesar de que el PEN se encontraba habilitado para corregir estos déficits en virtud de las facultades consagradas en el artículo 11 inciso 3ro de la LRT.

4) Esta discriminación peyorativa respecto de las indemnizaciones permanentes, no encuentra explicación y se contradice con los considerandos del decreto, con el objetivo enunciado en el artículo 2º inciso b de la LRT de: “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales” y colisiona con los artículos 14, 14 bis, 17 y 19 de la Constitución Nacional y da lugar a plantear inconstitucionalidad a la forma de cálculo y ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente.

5) Después de los fallos “Milone” y “Suárez Guimbard” de la Corte Suprema, no se justifica mantener la obligación de percibir bajo el sistema de rentas las indemnizaciones causadas por incapacidades superiores al 50% de la t.o. o por la muerte. El artículo 11 inciso 3º admitía claramente esta modificación de buena fe en consonancia con el mandato del Superior Tribunal de la Nación.

6) El artículo 16 del Decreto 1694/09 es susceptible de ser declarado inconstitucional al no permitir aplicar las mejoras introducidas a los siniestros anteriores a la entrada en vigencia de la norma, las cuales no fueron liquidadas antes de su entrada en vigencia.

7) Las nuevas mejoras establecidas en las prestaciones dinerarias dispuestas por el Decreto 1694/09 se pueden aplicar a los hechos anteriores a su vigencia, pero no cancelados aún, a través de la declaración de la inconstitucionalidad de la normativa anterior por su pérdida de razonabilidad, conforme la doctrina de la Corte Suprema esbozada en los casos “Valdez c/Cintioni” y “Vega c/Consorcio”.

8) El Decreto 1694/09 no implicó un cambio del sistema normativo, sino un mejoramiento de las prestaciones económicas casi 10 años después de la última reforma. De modo que la aplicación de sus disposiciones a los infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados antes del 6 de Noviembre de 2009, no implica retroactividad de la ley, ni se afecta el derecho de propiedad de las obligadas del sistema. Por tal motivo, una interpretación conforme con el texto constitucional indica que la efectiva protección al trabajo dispuesta en el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada, en las circunstancias, por el mandato del art. 75, inc. 23, norma que, paralelamente, asienta el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales. Así lo preceptúa también el principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del citado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concordancia con su art. 11, inc. 1, por el que los estados han reconocido el derecho de toda persona “a una mejora continua de las condiciones de existencia” (60).

9) La aplicación literal del artículo 16 tiene como consecuencia adicional un enriquecimiento sin causa de las Aseguradoras ya que éstas vienen desde hace largos años cobrando alícuotas sobre la base de salarios actualizados y continuarán abonando prestaciones dinerarias no canceladas con límites y topes fijados en el año 2000.

10) El caso “Berti” no cierra la eventual declaración de inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios totales y parciales fijados por la LRT según el DNU 1278/00, lo que no obsta a que tal planteo deba ir acompañado con el idéntico cuestionamiento al artículo 12 de la LRT y los límites de aportes a la Seguridad Social, cuya aplicación literal puede pulverizar las indemnizaciones legales convirtiéndolas en irrisorias e irrazonables en relación a los ingresos reales de los damnificados y, por lo tanto, violatorias de los artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Lo dicho por la Corte Suprema en los precedentes “Vizzotti” y “Pérez c/Disco” son una fuente jurisprudencial insoslayable.

11) Finalmente, es posible afirmar que ha terminado el tiempo de las valoraciones genéricas y las reformas parciales: es definitivamente necesario sancionar una reforma integral de la ley vigente, que ineludiblemente deberá considerar y respetar cada una de la sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como aquella a la que se ha comprometido la Administración en los considerandos del Decreto. Esto último con la finalidad de que no se repitan situaciones de inconstitucionalidad, teniendo presente que como dijo la Corte Suprema: “[…] es justo y razonable que la legislación contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relación laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en términos que atiendan, equilibradamente, a todos los actores comprometidos en ese trance. Empero, esto es así, bajo la inexcusable condición de que los medios elegidos para el logro de dichos fines y equilibrios resulten compatibles con los principios, valores y derechos humanos que la Constitución Nacional enuncia y manda respetar, proteger y realizar a todas las instituciones estatales” (considerando 13 del voto de los doctores Petracchi y Zaffaroni en la causa “Aquino”).

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