La maniobra comenzó a llamar la atención cuando se hizo repetitiva. Tantos casos similares en tan poco tiempo marcaron una tendencia judicial que hasta hacía pocas semanas no se había detectado. Entonces fue cuestión de que algunos jueces se pusieran a analizar la situación macro para darse cuenta de que, detrás de los casos individuales que cada uno estaba resolviendo, existía una forma de operar con tintes fraudulentos. Las sospechas recaen sobre abogados representantes y apoderados de firmas aseguradoras de riesgo de trabajo. La víctima: el Estado. De confirmarse, se trataría de una estafa millonaria detectada en Mendoza, pero que podría estar repitiéndose en el resto del país, para convertirse en una nueva variante de la “industria del juicio laboral”.

En los últimos dos meses, las Cámaras Laborales de la Primera Circunscripción Judicial (Capital, Godoy Cruz, Maipú, Luján, Guaymallén, Las Heras y Lavalle) recibieron casi un centenar de pedidos de homologación de convenios llevados a cabo entre trabajadores y ARTs para el pago de indemnizaciones por “enfermedades profesionales no listadas”. Se trata de afecciones que no aparecen dentro de los cálculos de riesgo según actividades específicas, y para las cuales existe un fondo fiduciario creado especialmente para poder cubrir las necesidades de los trabajadores frente a situaciones como esta. Por lo general, estas enfermedades están vinculadas con dolencias musculares (lumbalgia) o trastornos de carácter hipoacúsicos (pérdida de la capacidad auditiva).

Y la única manera de lograr sacar dinero de este fondo especial es con la autorización judicial o con el visto bueno del Consejo Médico Central, que depende de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT), órgano que regula la actividad de las empresas. Por lo tanto, si la idea era poder retirar fondos de esa cuenta sin pasar por el ente fiscalizador, la Justicia se convertía en vía rápida y segura.

“Hemos recibido la advertencia de jueces en Mendoza y ya pusimos en marcha una investigación administrativa para detectar si se produjeron irregularidades en este último tiempo”, aseguró el mendocino Juan González Gaviola, titular de la SRT.

Para el ex vicegobernador que comanda el organismo nacional, “si se estuviesen pagando indemnizaciones con dinero del fondo fiduciario, estaríamos frente a un fraude gravísimo”. Este fondo está compuesto por un aporte de 60 centavos por trabajador que hace cada ART. Y su administración está compartida entre las empresas privadas y la SRT.

Una caja de 300 millones
Actualmente, se estima que el fondo ronda los 300 millones de pesos. Esa cifra da una idea de lo importante que puede llegar a resultar esta estafa si se comprueba, ya que el pedido de homologaciones surgidos en la justicia laboral de Mendoza (sólo en la Primera Circunscripción) asciende a una suma cercana a los 3 millones de pesos, a partir de presentaciones hechas en menos de 60 días.

Si todas las homologaciones fueran aprobadas, y si este artilugio se multiplicara en todas las provincias, el fondo fiduciario podría sufrir una disminución sensible en poco tiempo.

De acuerdo con la Ley Nacional 24.557 –y los decretos y resoluciones que la reglamentan-, los acuerdos entre las ART y los trabajadores deberían concretarse en la órbita de la SRT. Para eso, las partes deberían concurrir a la oficina de Homologación y Visado que tiene sede en cada provincia. Y allí cumplir con los procedimientos médicos indicados para darle un marco de legalidad a la conformidad.

“Directamente no debería haber homologación judicial. Si eso está ocurriendo, desde ya que algo anda mal. Estoy al tanto de lo que pasó con La Campagnola”, sentenció González Gaviola.

El “caso La Campagnola” es paradigmático. Se trata de 80 acuerdos entre trabajadores y la ART por dolencias que no aparecen en el listado de enfermedades profesionales y que llegaron hasta tribunales para recibir la bendición judicial y así evitar el engorroso y legal trámite establecido por ley.
Un dato importante tiene que ver con la nula participación de los empleadores en estas maniobras. No sólo no tienen ningún interés, sino que quedan ajenos a cualquier tipo de negociación.

Luego de notar estas irregularidades, en algunas Cámaras comenzaron a rechazar los pedidos y remitir todas las actuaciones a la Oficina de Homologaciones y Visado. Los abogados patrocinantes se sintieron desnudados y decidieron arremeter contra el sistema judicial.

Esa movida resultó contraproducente. Al indagar, algunos jueces encontraron testimonios que se convirtieron en nuevos eslabones en una cadena de indicios que está punto de convertirse en una prueba concreta. Por ejemplo, algunos de los trabajadores que buscan el visto bueno para su acuerdo tenían más de 80 años; otros, en cambio, optaron por confesar y reconocieron que fueron presionados para firmar, pero que nunca estuvieron de acuerdo con hacer las presentaciones.

“¡Una persona de 80 años que dice que tiene dolor de espalda! En todo caso hay que darle un premio. Llegar a esa edad, trabajando, y sólo con un dolor de espalda… en todo caso, hay que premiarlo”, ironizó un juez laboral que pidió reserva de identidad para evitar pedidos de recusación en su contra.

Fuente: www.mdzol.com